Montevideo. La educación fue fijada como prioridad absoluta por el presidente uruguayo José Mujica. El día que asumió dijo que todos los gobernantes deberían estar obligados a llenar planas como niños de escuela, para recordar qué es el asunto central a mejorar, pero en los hechos cada uno de sus intentos choca contra la autonomía de gestión garantizada en la Constitución y en la ley del ramo.

Aunque el mandatario ya ha movido en varias oportunidades sus fichas en busca de cambios, el gremio de docentes y hasta algunos integrantes de su propio gobierno salieron a recordarle a Mujica que la educación no puede manejarla como un ministerio más porque las autonomías existen y hay que respetarlas.

En cambio, proponen que quienes crean que el sistema actual no funciona deberían promover un cambio constitucional en vez de limitarse a criticarlo en forma pública.

La primera movida fuerte del presidente fue el 14 de febrero, cuando convocó a las autoridades de la enseñanza a una cumbre e hizo saber la inquietud de su gobierno respecto al estado de la enseñanza. Ese fue el primer aviso, reforzado luego por declaraciones del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, en las que advirtió que el Poder Ejecutivo trabajará “al límite” de las autonomías.

Esta semana, la educación volvió a estar al tope de la agenda política y otra vez el presidente apostó a un acuerdo político con todos los partidos en busca de un cambio de rumbo.

Al margen de rescatar que la búsqueda de acuerdos siempre es un intento a destacar, miembros del propio gobierno recuerdan la composición distinta que tienen los órganos educativos respecto a otros organismos. El director general de secretaría del Ministerio de Educación, Pablo Álvarez, dijo a El Observador que “la realidad de Uruguay establece esos niveles de autonomía” y salió a defender el buen funcionamiento que, a su juicio, tiene ese modelo en momentos en que es cuestionado por altas jerarquías oficiales.

“No es un ministerio, no tiene los mismos mecanismos de responsabilidad cotidiana que un ministerio. Es verdad que siempre está la dualidad que en el ejercicio cotidiano (los órganos de conducción de la educación) son autónomos, pero en la designación de las autoridades no”, dijo el jerarca.

De este modo, recordó que si bien las reglas de juego establecen que el Poder Ejecutivo no está en el día a día de la gestión como en otras áreas, en última instancia varias de las autoridades fueron designadas por el presidente y por tanto puede destituirlas.

A juicio de Álvarez, con el tema instalado permanentemente en la opinión pública y con críticas constantes a la gestión hay una suerte de “presión indirecta” que no es positiva.

La ley de educación aprobada en el pasado período de gobierno establece que “la educación pública estará regida por Consejos Directivos Autónomos” y define como cometidos básicos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) la tarea de “elaborar, instrumentar y desarrollar las políticas educativas”. De acuerdo a esa normativa, la gestión queda desconcentrada en esos órganos y el gobierno debe quedar al margen del día a día.

Pero hay intentos claros del gobierno de incidir cada vez más. Los más explícitos los ha hecho el vicepresidente Danilo Astori, quien ha dicho que es necesario que haya una “conducción nacional” de la enseñanza para que esté al servicio del proyecto a mediano y largo plazo del país. Ante estas propuestas, Álvarez cree que los que defienden esta postura deben promover un cambio de la Carta Magna ya que las autonomías en cuestión están definidas allí.

Lo mismo piensan quienes integran los gremios de la educación. José Olivera, secretario de Relaciones Nacionales de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, dijo a El Observador que el gremio está dispuesto a dar el debate en una Asamblea Nacional Constituyente.

“Si se quiere terminar con la autonomía, pues bien, vayamos a una constituyente y discutamos en ese marco qué cosas queremos cambiar. Lo que no se puede hacer es violentar las normas”, dijo.

Fenapes rechaza de plano la agenda de temas que fijó el Senado para buscar soluciones al sistema educativo. “Si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo van a intentar mediante un acuerdo imponer la definición de esa política educativa, en ambos casos se estaría violentando la Constitución y la propia ley General de Educación”, dijo. “No puede ser el Parlamento o el Poder Ejecutivo quien exponga un listado de cosas y las autoridades de la educación se transformen en meros ejecutores de definiciones que se toman en otros ámbitos”, agregó el sindicalista.

Dada la composición actual de la conducción educativa y como están parados los diferentes actores que influyen, Álvarez, número tres en jerarquía del Ministerio de Educación, impulsa cambios que incluyan a los docentes y no se limiten a acuerdos políticos. De lo contrario, habrá que cambiar la legislación, dice.