El procedimiento se llevó a cabo en la residencia presidencial, en presencia de la mujer que inició la demanda, el niño afectado y representantes del juzgado que ordenaron la prueba.

Asunción. El presidente paraguayo, Fernando Lugo, se sometió este martes a una extracción de sangre para una prueba de ADN en el marco de una denuncia de filiación, en un procedimiento sin precedentes para un mandatario en ejercicio en el país.

Si el resultado es positivo, Lugo podría sufrir un duro golpe a su popularidad en momentos en que lucha contra un cáncer linfático recientemente diagnosticado, cuyo tratamiento con quimioterapia lo obligó a reducir su agenda los últimos días.

La extracción se llevó a cabo en la residencia presidencial con presencia de la mujer que inició la demanda, el niño afectado y representantes del juzgado que ordenaron la prueba, que se analizará en tres laboratorios nacionales. Se incluyó también una muestra de secreción bucal.

"Se dio cumplimiento a la resolución judicial. Con total normalidad se procedió a extraer las muestras a la señora Damiana Hortensia Morán como así también al menor y al señor presidente. Estamos a las resultas de los estudios", dijo a periodistas el abogado del mandatario Marcos Fariña.

"Esta es una muestra de que el señor presidente no tiene ningún tipo de inconveniente en acatar los lineamientos de la justicia", agregó.

Los resultados se conocerán en unos 15 días y los laboratorios los remitirán directamente al juzgado.

Morán dijo que se trató de un acto jurídico protocolar dirigido por la jueza de la niñez y la adolescencia que lleva adelante el caso y que ni ella ni el niño cruzaron palabras con el presidente a pesar de que se encontraban en la misma sala.

En 2009, Lugo sorprendió al país cuando reconoció ser el padre de un niño de dos años que fue concebido cuando todavía era obispo de la Iglesia Católica, condición a la que había renunciado para pelear por la presidencia.

Luego de eso Morán y otra mujer, Benigna Leguizamón, presentaron demandas contra el mandatario de 59 años para exigir el reconocimiento de sus hijos de dos y siete años, respectivamente.