Tras seis años de estudio, la Comisión de Políticas de Drogas del Reino Unido concluye que hay que despenalizar el cultivo y uso de drogas menores.

Un largo y detallado estudio sobre la reglamentación del cultivo y consumo de drogas realizado por la Comisión de Políticas de Drogas del Reino Unido (UKDPC, por sus iniciales en inglés) determina que es hora de despenalizar el cultivo y uso de drogas menores, informó The Guardian de Londres este lunes.

El estudio se divulga en momentos en los que en Uruguay se habla de hacer precisamente esto con la marihuana. Algunas de las recomendaciones, relacionadas al control del consumo van de la mano con lo que propone el presidente Mujica, mientras que otras, relacionadas al cultivo, se asemejan con lo que recomienda el diputado Lacalle Pou.

Seis años se tomaron los más destacados especialistas en el tema para concluir en 173 páginas que la evidencia muestra que las actuales políticas sobre las drogas en algunos casos hacen que el problema sea más grave.

Establecen que imponer sanciones mínimas o inexistentes al cultivo de marihuana para uso personal puede ayudar a “socavar el floreciente negocio ilícito de la droga controlado por el crimen organizado”. De todas formas aclaran que sus estudios no creen apropiado el movimiento hacia la legalización de drogas más “pesadas” como la cocaína o la heroína.

La comisión la conforman académicos, policías y especialistas, como la exencargada del Consejo de Salud Mental Británico, Ruth Runciman, el ex jefe del Consejo Británico de Investigación Médica, profesor Colin Blakemore, el exjefe de policía, David Blakey, el director del Centro Nacional de Adicciones profesor John Strang, el especialista en economía de la Salud, Alan Maynard y Lady Ilora Finlay, anterior presidenta la Sociedad Real de Medicina.

El reporte informa que si bien los niveles de consumo de drogas ilícitas en Gran Bretaña han disminuido recientemente, son todavía mayores que en muchos países, con 2.000 muertes relacionadas anualmente y más de 380.000 consumidores.

Una de las conclusiones del informe es que “usar drogas no siempre causa problemas sino que es un problema raramente conocido por los que hacen leyes. De hecho la mayoría de los consumidores no tienen problemas significativos y hay evidencia que el uso de drogas puede beneficiar en algunas circunstancias”.

Además destacan que el actual enfoque “es muy simplista, viendo que todo consumo de drogas es problemático sin reconocer que éstos están relacionados a la desigualdad y exclusión social”. Además, se dice que separar drogas del alcohol y el tabaco hace que se haga más difícil abatir con un espectro más grande de las sustancias nocivas que se usan.

Agregan que los tres billones de libras que se gastan para combatir drogas ilegales no se basan en evidencias que demuestran políticas que se sabe funcionan sino más bien en experiencias en las que se “tiene una corazonada” o se “cree” que pueden funcionar.

El estudio también dice que algunas medidas policíacas no impactan en la oferta de drogas y que las campañas de “Dile no a las drogas” algunas veces hacen que aumente el consumo de personas jóvenes, y que el hacer que la abstinencia se dé en edades muy jóvenes puede llevar a que el salto hacia las drogas sea más fuerte haciendo que sea más probable la sobredosis y la muerte.

Recomendaciones. Las propuestas del estudio, dicen que hay que:

-Cambiar las leyes para que la posesión de pequeñas cantidades de drogas sea una ofensa civil y no penal. Comenzando con la marihuana y en el caso que se vean efectos positivos, aplicar a otras drogas.

-Agregan que las experiencias de Portugal y la República Checa han demostrado que el aumento en el uso de drogas no se da y los recursos se pueden usar en tratar adicciones y “tacleando” al mismo tiempo al crimen organizado.

-Rever las sentencias para que aquellos a los que se encuentre plantando menos de lo permitido no enfrenten sanciones. Pero al mismo tiempo, que la producción y venta de la mayoría drogas permanezca ilegal.

-Rever el nivel de las penalidades aplicadas a aquellos envueltos en crímenes de producción y venta, pues hay poca evidencia que demuestre que por medio de el aumento del tiempo en prisión baje la oferta de drogas.

-Que las decisiones sobre la clasificación de las drogas no sea realizada por políticos sino por un órgano independiente con la supervisión parlamentaria.

-Crear un foro interpartidario que incluya a los tres líderes partidarios para que se logre el consenso político necesario para lograr hacer un cambio radical.

Uno de los autores del informe, Colin Blakemore dijo que “la medicina ya ha pasado la era en la que se trataban las enfermedades basándose en corazonadas y el conocimiento recibido. El consenso es ahora que aquello no era ético, era ineficiente y peligroso (…) Es hora de que las políticas en drogas ilícitas comiencen a usar la evidencia empírica”.

Además, Runciman dijo que los programas de gobierno han hecho mucho para bajar el impacto causado por los problemas con las drogas durante los pasados 30 años, con por ejemplo el intercambio de agujas bajando los índices de HIV. Dijo que "esos programas se basan en la evidencia empírica pero que la mayoría de las políticas contra las drogas no tienen una clara evidencia. Gastamos billones de dólares al año sin estar seguros si hace una diferencia o no”.