El magistrado Claudio Bonadio consideró a la ex jefa de Estado -sobre la que ordenó un embargo por 130 millones de pesos (US$8,44 millones)- "penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe".

El juez Claudio Bonadio abrió juicio a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), sus hijos y varios empresarios, quienes no podrán salir del país, "por lavado de dinero cometido, a través de una empresa familiar".

El magistrado considera a la ex jefa de Estado, sobre la que ordenó un embargo por 130 millones de pesos (US$8,44 millones), "penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe", el cual concurre "en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito" agravado por ser funcionario público y por "negociaciones incompatibles".

Tanto Máximo como Florencia, hijos que Fernández tuvo con el fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), fueron también acusados por Bonadío de encabezar esa supuesta asociación ilegal.

Falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero. La causa en la que investiga a la inmobiliaria Los Sauces -propiedad de los Kirchner- surgió en abril de 2016 a raíz de una denuncia presentada por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, también procesados hoy por Bonadio.

A ambos el juez les considera penalmente responsables de los delitos de tomar parte de esa asociación ilícita en calidad de organizadores. Además, entre todos los imputados cuyo procesamiento se hizo efectivo este martes se encuentra la sobrina de la ex jefa de Estado Romina Mercado, quien desde 2015 fue presidenta de Los Sauces.

Los Sauces: ¿empresas de fachada para recibir coimas? La acusación apunta a que pudo utilizarse Los Sauces, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de esos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.

Al poco de acudir a declarar como imputada en esta causa, el pasado 7 de marzo, Fernández negó haber cometido los diversos delitos de corrupción que se le imputan y reiteró sentirse víctima de una "persecución judicial y mediática" sin "antecedentes" en su país. La exmandataria está imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en otras dos: una en la que se investigan operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión -también dirigida por Bonadio- y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.