Las diferencias por la dejación de armas, las garantías de seguridad y las características de las zonas de concentración impidieron alcanzar el cese al fuego bilateral del fuego.
Bogotá. El 23 de septiembre de 2015, cuando Gobierno y Farc anunciaron el acuerdo alcanzado en materia de justicia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que, con el comandante máximo de las Farc habían acordado una fecha límite para firmar el acuerdo final: el 23 de marzo de 2016. Con el paso de los días, esta promesa se empezó a empantanar. Primero porque entre el anuncio del acuerdo de justicia y el texto definitivo pasaron tres meses, y después, porque no fue posible alcanzar el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
En buena medida, lograr la segunda meta dependía del trabajo de la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, instalada en agosto de 2015 para que diez militares activos y diez comandantes guerrilleros diseñaran las bases del cese al fuego, conjuntamente con la dejación de armas y las garantías de seguridad. El 23 de enero de 2016, la Subcomisión Técnica, encabezada por el general Javier Flórez y el miembro del secretariado de las Farc, Carlos Antonio Losada, entregaron a la mesa de conversaciones la hoja de ruta para alcanzar el objetivo.
Fuentes consultadas por El Espectador revelaron que en ese documento se estableció en primer término, como parte de las garantías de seguridad, el propósito de desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. Aunque ese espinoso tema está avanzando en otra subcomisión que presiden el general (r) Óscar Naranjo, por el Gobierno, y Pablo Catatumbo, por las Farc, con la asesoría técnica de la abogada Mónica Cifuentes, los asesinatos de líderes sociales de las últimas semanas enrarecieron el panorama.
Este escollo quedó en evidencia 24 horas antes de la fecha límite, cuando Catatumbo, durante el lanzamiento del libro Los retos del posconflicto, de los analistas León Valencia y Ariel Avila, expresó: “El paramilitarismo no es casual ni cosa del pasado, es un monstruo presente (...) y justamente discrepancias sobre este tema con el Gobierno no han permitido que ya esté firmado un acuerdo final”. Timochenko se encargó de ratificarlo al advertir que las Farc se van a reinsertar a la vida política y necesitan garantías para hacerlo y conservar la vida.
Un tema que trascendió la mesa e incluso, como se ha revelado, se abordó durante el encuentro, por separado, de las delegaciones del Gobierno y las Farc con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry. Según se ha dicho, el alto funcionario de Estados Unidos admitió su preocupación por la seguridad de quienes dejen las armas y ofreció apoyo irrestricto a la implementación de medidas para garantizarlo. En otras palabras, la amenaza latente del paramilitarismo fue la primera razón por la que se aplazó la firma del acuerdo final.
El segundo aspecto que entrabó el plan del 23 de marzo fue el de la dejación de armas, enmarcado en el mismo propósito del cese bilateral y de las garantías de seguridad. La guerrilla siempre ha sido enfática en que este objetivo tiene que ser concebido como un proceso y no como un evento especifico. De alguna manera, la esencia misma de la guerrilla son las armas con las que se alzaron contra el Estado. Por eso, su dejación es viable siempre y cuando se dé progresivamente, en la medida en que se vayan cumpliendo los acuerdos suscritos.
Las diferencias con el Gobierno también fueron notorias. De hecho, en su declaración del pasado 23 de marzo, el jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, insistió en “un proceso de dejación de armas con plazos fijos. Sin zonas grises. Sin mezcla de armas y política. Una dejación que se hará ante el componente internacional en forma totalmente transparente. No puede quedar duda sobre la decisión de desechar las armas, proceder a su destrucción, clausurar las fábricas de armamento no convencional y abstenerse de nuevas compras de armas y pertrechos”.
No obstante, desde el pasado 7 de marzo, un mensaje radial de Timochenko a sus tropas, interceptado por el Ejército, ya había desnudado la crisis causada por los desacuerdos respecto a la dejación de armas. “Pusieron a seis generales casi un año con el comandante del Estado Mayor al frente de un equipo de coroneles y capitanes a que botaran corriente con los nuestros, a sabiendas de que lo que de ahí saliera no iba para el acuerdo final. Estamos ante una situación crítica”. El motivo de la discordia: la dejación de armas.
En el fondo Timochenko se refería a un documento entregado por la delegación del Gobierno un día antes (6 de marzo), que trazó su propuesta para la creación de las zonas de concentración para la dejación de armas. Cayó tan mal la fórmula del Ejecutivo, que Timochenko manifestó: “Preparémonos por si Santos nos hace una jugada sucia”. Y más adelante explicó que el documento los devolvía al primer día y aclaró que si el Gobierno se mantenía en la raya, no había más que hacer que continuar con lo que habían hecho por más de 50 años.
Esa propuesta del Gobierno, además, de restringir el porte de armas al 5 % en las zonas de concentración y la entrega del resto a un componente internacional, delimitaba a 11 su número en una extensión no mayor a 10 kilómetros cuadrados. Asimismo, la fórmula planteaba que debía ser en regiones con la menor población posible, sin escuelas y con Policía comunitaria realizando libremente sus funciones. De igual modo, en las zonas de concentración, el Gobierno podía promover jornadas de salud, alfabetización y cedulación.
La idea del Gobierno que produjo el distanciamiento con las Farc se complementó prohibiendo la realización de reuniones con población civil dentro de las zonas de concentración y el condicionamiento de hacer proselitismo político únicamente con autorización del Ejecutivo. Por supuesto, las órdenes de captura contra los guerrilleros quedaban suspendidas dentro de las zonas y, para salir de ellas, se propuso un permiso del Gobierno y de la ONU. Finalmente, la fórmula gubernamental daba un tope temporal: 31 de diciembre de 2016.
