Río de Janeiro. La Procuraduría General de Brasil solicitó este lunes al Superior Tribunal de Justicia (STJ) que juzgue el pedido de libertad presentado por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la corte de apelaciones, después que un juez de segunda instancia lo aceptó en dos ocasiones.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó, en un comunicado, que envió un documento al STJ, en el cual defiende "la competencia de la Corte para la apreciación del 'habeas corpus' del ex presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, en el caso de que haya sido presentado por la defensa de acuerdo con las normas legales vigentes".

La nota de la PGR es una respuesta a la guerra de sentencias ocurrida este domingo, cuando el juez de segunda instancia del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), Rogério Favreto, quien estaba de guardia este domingo, aceptó la solicitud de la defensa de Lula para concederle la libertad.

La decisión de Favreto provocó una ola de reacciones en el ámbito judicial.

El documento de la PGR, firmado por el procurador general en ejercicio, asegura que no cabe ningún "habeas corpus" contra la decisión del juez federal, Sergio Moro, quien en abril pasado determinó la prisión de Lula.

El Ministerio Público pidió "reconsiderar" la decisión, mientras que el juez instructor del caso en segunda instancia, Joao Pedro Gebran Neto, también del TRF-4, determinó que Lula continuara preso.

Favreto volvió a aceptar el pedido de libertad de la defensa de Lula, decreto que quedó anulado por la decisión del juez y presidente del TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz.

El documento de la PGR, firmado por el procurador general en ejercicio, el viceprocurador general electoral, Humberto Jacques de Medeiros, asegura que no cabe ningún "habeas corpus" contra la decisión del juez federal, Sergio Moro, quien en abril pasado determinó la prisión de Lula.

Según la nota, Moro actuó como ejecutor de la decisión de la Octava Sala del TRF-4, que condenó al ex presidente.

De Medeiros argumentó que un juez federal de guardia, como es el caso de Favreto, no tiene atribución para expedir "habeas corpus" contra la decisión colegiada de la propia Corte, porque ésta es una atribución del STJ.

También pidió a la magistrada Laurita Vaz, presidenta en ejercicio del STJ, que determine a la Policía Federal abstenerse "de ejecutar mandatos judiciales referentes a la libertad del paciente que no contengan la autorización del Superior Tribunal de Justicia".

Lula, de 72 años, cumple una condena de 12 años y un mes de prisión acusado de corrupción activa y lavado de dinero en el marco del caso Petrobras.

El ex mandatario fue condenado inicialmente el año pasado por el juez Moro a nueve años y medio de prisión por recibir supuestamente un departamento en el litoral del estado de Sao Paulo por parte de la constructora OAS a cambio de favorecerla con contratos con Petrobras, acusación que Lula niega.

Tras presentar la defensa de Lula un recurso contra la sentencia, el TRF-4 aumentó en enero la condena a 12 años y un mes de prisión, la cual Lula empezó a cumplir el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba, capital del estado de Paraná (sur).

Lula dispone de una celda especial de 15 metros cuadrados, con cama, mesa y baño personal, tal y como prevé la ley brasileña para los ex presidentes.

Desde su detención, la defensa del ex mandatario ha presentado varios recursos para lograr su libertad, todos ellos desestimados por la Corte Suprema y por el TRF-4.