La senadora Gabriela Montaño (MAS) informó este domingo que la comisión legislativa del oficialismo trabajó en un perfil de proyecto de ley corta tomando como base la iniciativa legislativa que envió la marcha indígena, pero también el contenido de la propuesta que les hizo llegar el Ejecutivo.

La propuesta refiere —informó— que en el caso del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos: “se suspende la construcción de éste y, por otro lado, se inicia el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas del TIPNIS, como manda la Constitución Política del Estado, el convenio 169 de la OIT y la declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas”.

El espíritu de la redacción choca con la propuesta de ley elaborada por los indígenas, que señala que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos o cualquier otro proyecto no “atravesará” el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Además plantea anular la ley de crédito de US$332 millones para la construcción de la carretera.

El diputado indígena Julio Cortez, que participa en el diálogo legislativo, informó que recibieron la nueva propuesta de ley y que la analizarán en las próximas horas para fijar un posición en consenso con la marcha camino a La Paz, aunque recordó que los indígenas rechazan la consulta por extemporánea.

“Lo que los marchistas comentaron y le dijeron (a la comisión de asambleístas del oficialismo que estuvo el sábado en Caranavi con la marcha) es que no quieren más consulta. Y que si no quieren aceptar lo que estamos pidiendo, no hay más cosas que hablar”, recordó Cortez.

La propuesta de ley del gobierno planteaba la suspensión de las obras en el tramo II y cuatro fórmulas de consulta para dirimir el conflicto por la carretera; un referéndum en Cochabamba y Beni; consulta o referéndum en los municipios de San Ignacio de Moxos y Loreto y Villa Tunari, consulta o referéndum en las comunidades del Tipnis, o consulta a las comunidades que habitan la zona entre Ichoa y Santo Domingo.

Montaño comunicó que el proyecto que perfilan incorpora la suspensión de obras y la consulta previa en el área indígena, por lo que considera que hay condiciones para un acuerdo de tal forma que ésta sea la ley corta que apruebe el Legislativo.

La senadora, según Erbol, afirmó que aceptarán los resultados de la consulta, por lo que perfilarían la iniciativa con carácter vinculante.

El dirigente Jorge Mendoza, en el lugar donde acampa la marcha, aseveró que no conocen la propuesta, aunque reiteró que un acuerdo pasa por anular la ley de contrato de crédito para la carretera en conflicto y prohibir cualquier obra vial por el TIPNIS.

Los senadores oficialistas Gabriela Montaño, Adolfo Mendoza y Rhina Aguirre forman la comisión legislativa que busca un acuerdo con los indígenas. La Cámara de Diputados trató el sábado la ley corta del Gobierno, pero declaró un cuatro intermedio a la espera de los resultados del diálogo. Mendoza aclaró que la consulta previa sólo se la hará a los pueblos Tsiman, Yuracaré y Mojeño-trinitario del TIPNIS.

El diputado indígena Bienvenido Zacu reiteró que la consulta está fuera de plazo. “Venció el plazo, debería ser antes la consulta no después (de licitar la obra), ahora recién la quieren y buscan confundir”, cuestionó.

Carretera cuestionada. La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos tiene tres tramos. El tramo II es el cuestionado por los indígenas porque pasaría por el Tipnis. La marcha indígena está a 132 km de La Paz.

Más de 50 días de la movilización. La marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) partió el 15 de agosto de Trinidad. A 56 días de la movilización, la columna está a 132 kilómetros de la ciudad de La Paz.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu lideran la marcha que durante su caminata incrementó a 16 puntos su plataforma de lucha. En diferentes lugares del trayecto de la columna se instalaron mesas de diálogo, que no lograron acuerdos.

El 25 de septiembre, en Yucumo (Beni), la Policía intervino el campamento de los marchistas, sometiendo a golpes, maniatando y amordazando con cinta adhesiva a los indígenas. Un día antes, los movilizados tomaron como rehén al canciller David Choquehuanca y le obligaron a marchar y romper un cordón policial que evitaba que los indígenas choquen con un bloqueo de colonos opuestos a la movilización. La intervención policial derivó en la renuncia de cuatro autoridades de gobierno, entre ellos el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

Ley y propuesta. Artículo 1. El proyecto indígena declara al TIPNIS patrimonio socio-cultural y natural, zona intangible de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Tsimane, Yuracaré y Mojeño-Trinitario.

—La comisión legislativa del oficialismo propone excluir la palabra “intangible”, porque podría malinterpretarse afectando a los pueblos que viven en el territorio. “Intangible quiere decir que no se debe modificar, y el TIPNIS es territorio indígena y parque nacional a la vez”.

Artículo 3. Se dispone que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, como cualquier otra, no atravesará el TIPNIS. La disposición final segunda también refiere abrogar la ley que permitió acceder al crédito brasileño de 332 millones de dólares para la obra caminera.

—La comisión legislativa del oficialismo propone la suspensión de las obras del tramo II de la carretera que unirá Cochabamba y Beni. Además de la consulta previa en los pueblos que habitan el TIPNIS.

Artículo 5. Se prohíbe la realización de toda adopción de normas o ejecuciones de actividades, obras, proyectos o programas de desarrollo, extractivas, megaproyectos y de infraestructura, u otros, que vulneren los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y los derechos de la Madre Tierra.

—La comisión legislativa del oficialismo plantea que la redacción sea: “en ningún caso se adoptarán normas (...) ni se hará proyectos o megaproyectos sin consultar a los pueblos indígenas”.

Artículo 6. Hay acuerdo porque incluso en el proyecto del Ejecutivo hay un artículo 4 similar.

Artículo 7. Rescatan a propuesta del Ejecutivo: prohibir nuevos asentamientos humanos.