Lima. Tres personas murieron en un choque entre policías y estudiantes en una zona del sureste de Perú, dijeron el miércoles autoridades, en otra señal de que los crecientes conflictos sociales desafiarán al presidente electo Ollanta Humala.

La protesta en la región de Huancavelica -ubicada 445 kilómetros al sureste de Lima y que sigue siendo la más pobre del país, pese a que es rica en minerales- surgió por el rechazo de estudiantes a que utilicen fondos de su universidad para la creación de otra institución educativa.

"Quemaron casi todas las oficinas del gobierno regional (...) han atacado con bombas molotov", dijo el presidente regional, Maciste Díaz, en una conversación telefónica con Reuters.

Díaz confirmó que tres personas, entre ellas un joven de 14 años, fallecieron durante la protesta.

Para calmar los ánimos, el gobierno dijo en la tarde que destinará recursos para la creación de la nueva universidad.

La protesta elevó a más de 90 la cifra de muertos en los últimos tres años y medio en conflictos sociales, mayormente en las regiones donde vive la tercera parte de peruanos que aún es pobre pese a la bonanza económica del pasado quinquenio, según la oficina de derechos humanos nacional.

Seis protestas -de los más de 220 conflictos latentes en la nación rica en recursos naturales- surgieron en el transcurso del pasado mes, empañando la recta final del gobierno del presidente Alan García y ratificando que su resolución será un reto clave para el nacionalista Humala, quien asume el 28 de julio.

Las manifestaciones usualmente se originan por el rechazo a la actividad minera y energética, en medio de temores a daños al medio ambiente y reclamos de mayores beneficios para la población.

Asimismo, la protesta en Huancavelica se suma a la existente en Puno, otra zona del sureste de Perú donde indígenas aymaras piden la eliminación de todas las concesiones mineras y pobladores rechazan un millonario proyecto hidroeléctrico entre Perú y Brasil.

Perú alberga vastas reservas de minerales e hidrocarburos, que junto a tasas de crecimiento similares a las de China, atraerían inversiones por unos US$55.000 millones para la próxima década.

Pero ese dinero podría encontrar otros destinos si persiste el rechazo -que en ocasiones se torna violento- de pobladores irritados por no sentir los frutos del auge económico y temerosos de que afecten su medio ambiente.