Miles de manifestantes antimineros levantaron sus bloqueos en la remota región peruana de Puno, dijeron este lunes sus dirigentes, tras protestas que dejaron cinco muertos y llevaron al Gobierno a anunciar medidas contra la explotación de recursos naturales.

Las normas aprobadas el fin de semana, que incluyeron la revocatoria de una concesión minera en manos de una empresa canadiense, exigen a las firmas privadas consultar a los grupos indígenas en el sur de Puno, zona fronteriza con Bolivia, antes de construir nuevas minas o proyectos de petróleo.

Las persistentes protestas han empañado la recta final del Gobierno del presidente Alan García y han recordado al mandatario electo, el nacionalista de izquierda Ollanta Humala, que los conflictos sociales serán un reto clave durante sus cinco años en el poder que comienza el 28 de de julio.

Humala afirmó que las concesiones mineras generan el 70 por ciento de los conflictos sociales en Perú e instó al Gobierno a resolverlo y no esperar que lo haga la próxima administración.

"Espero que el Gobierno o las personas encargadas por el propio presidente de la república estén trabajando para evitar la continuación de estos estados de convulsión social que no ayudan a nadie", afirmó Humala a periodistas este lunes.

Puno ha sido en los últimos meses escenario de violentas protestas -con bloqueos de carreteras y quema de vehículos y edificios públicos y privados- en contra del desarrollo de proyectos mineros y energéticos, alegando que estos dañan el medio ambiente.

Las manifestaciones -que para algunas autoridades del Gobierno tienen tintes políticos- fueron suspendidas el lunes.

"Se levantó ya la medida de fuerza, se levantaron todas las huelgas, se está normalizando las vías, todas las vías en casi todo el departamento de Puno", dijo a Reuters Rufino Machaca, uno de los principales líderes de Puno.

El viernes, al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas tras un choque entre la policía y manifestantes que tomaron el aeropuerto de Puno, para protestar por la contaminación de un río a causa de la minería artesanal.

En un intento por calmar los ánimos, el Gobierno emitió un decreto prometiendo la limpieza de ese río.

Para sofocar otra protesta en el sur de Puno, el Gobierno también canceló la concesión del proyecto Santa Ana de la minera Bear Creek, la segunda medida de este tipo desde abril que impacta al sector y que amenaza con frenar más planes vitales para consolidar el auge económico, según analistas.

Perú, el segundo productor mundial de cobre y plata y sexto de oro, es un importante proveedor de minerales para los mercados mundiales. Esos envíos representan cerca del 60 por ciento de las exportaciones de la nación.

La nación sudamericana alberga vastas reservas de minerales e hidrocarburos, que atraerían inversiones por unos 55.000 millones de dólares para la próxima década.