Quito. El 30 de septiembre, al recordar un año de la revuelta policial, el gobierno ecuatoriano envió a la Asamblea Nacional un voluminoso proyecto de ley, que busca incrementar los años de servicio de los policías, crear un servicio de investigación de apoyo a la Fiscalía y proteger a los funcionarios públicos y a sus familiares directos. Todos tienen como máxima autoridad al presidente Rafael Correa.

El documento, que fue calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el pasado 6 de octubre, aún no tiene fecha de discusión en la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad, que preside el oficialista Fernando Bustamante.

El tema aún es poco conocido en los cuarteles y los pocos que saben de lo que se trata no están de acuerdo, sobre todo porque les resta competencias.

En las disposiciones transitorias de este Código se dispone que la Policía salga del control, protección y seguridad de los recursos naturales, medio ambiente, del patrimonio arqueológico, cultural y turístico en el plazo de un año luego de la aprobación del Código.

Esas funciones pasarán a las autoridades “competentes”.

Pero estos no son los únicos cambios. Competencias como el tránsito o la custodia de los exteriores de los centros de rehabilitación social, de entidades públicas y privadas también salen del control policial.

La Policía de Migración desaparece y se dispone que las autoridades ‘competentes’ asuman “el control migratorio administrativo con personal civil” y para ello tendrán un plazo de 180 días a partir de la aprobación de la ley.

La desaparición de estas unidades policiales, como se propone, ha generado malestar entre los uniformados, tanto en la tropa como en los oficiales.