Estos hechos se suman al atentado que este viernes le costó la vida a un matrimonio de hacendados, en un recrudecimiento del conflicto que mantienen algunas organizaciones mapuches con el Estado chileno.

Dos atentados incendarios, sin víctimas fatales, causaron este sábado la quema de dos galpones y dos camiones de empresas forestales, en un nuevo hecho de violencia al sur de Chile, en un recrudecimiento del conflicto que mantienen algunas organizaciones radicalizadas mapuche con el Estado chileno.

Estos incendios se suman al atentado que este viernes le costó la vida a un matrimonio de hacendados, en un recrudecimiento del conflicto que mantienen algunas organizaciones radicalizadas mapuche con el Estado chileno.

El ataque incendiario del viernes a una casa patronal en la comuna de Vilcún, en la misma región, dejó como víctimas fatales a un hacendado y su esposa, en un suceso que llevó al gobierno del presidente Sebastián Piñera a invocar la Ley Antiterrorista.

Tras el atentado y en sucesivos operaciones policiales fue detenido un sospechoso del ataque, informó el Ministerio Público.

Grupos radicalizados mapuche han protagonizado crecientes protestas, ante la indiferencia del Ejecutivo en acoger sus demandas de devolución de su territorio ancestral.

Fuentes judiciales y policiales relacionaron el atentado al resurgimiento de la violencia en la región, coincidente con el cuarto aniversario de la muerte del activista mapuche Matías Catrileo, muerto tras recibir disparos de la policía en enero de 2009, tesis que fue reafirmada por el Ejecutivo.

Organizaciones de apoyo a los indígenas convocaron esta semana a una serie de protestas por lo que consideran impunidad en el homicidio, luego que una corte marcial aplicó al autor de los disparos una pena menor que cumplirá en libertad y sin perder su puesto de trabajo.

La quema de predios y camiones de empresas forestales atribuidas a organizaciones radicalizadas de indígenas han motivado en las últimas semanas a la aplicación de medidas de seguridad extraordinarias por parte del gobierno.

El gobierno y la oposición de centro izquierda difieren en cuanto a la aplicación de la Ley Antiterrorista, aunque concordaron en la necesidad de abordar de manera integral el conflicto.

Los mapuche, la mayor etnia originaria del país con unas 800.000 personas, 6% de la población chilena, reclaman la restitución de su territorio ancestral.