El ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Franklin Almeyda, estimó que el PIB per cápita debe estar por encima de los US$10 mil anuales para superar el índice de violencia producido por la convivencia social.

“Cuando disminuye el PIB, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos baja y los índices de violencia se disparan”, destacó.

En ese sentido, la autoridad estimó que la razón por la cual el índice de criminalidad de República Dominicana continúa bajando, se debe -en parte- al mejoramiento del nivel de vida de sus ciudadanos.

El ministro dominicano citó el caso de su país, donde en 2009, la criminalidad se redujo en cuatro décimas, para terminar el año con 24.3 sobre 100 mil habitantes, mientras que ésta aumentó en el resto de la región.

La diferencia, de acuerdo a la autoridad, es que el impacto de la crisis financiera fue menor en República Dominicana respecto al resto de la región, lo que se refleja aún más gracias a los dos primeros meses de 2010, donde el país ha obtenido un crecimiento del PIB del 6% y la criminalidad se ha reducido a 22.3.

Casos en otros países. Por el contrario, países con un bajo Producto Interno Bruto, como Guatemala (US$4.2 mil anuales per cápita y una criminalidad de 58/100 mil) y El Salvador (US$6 mil anuales per cápita y 4/1000 mil de criminalidad) están entre los más altos índices de pobreza de la región.

En tanto Chile, con ingresos promedios de US$10.400 dólares anuales, ostenta una criminalidad de sólo 1.6%, lo que para Almeyda demuestra que la disponibilidad de ingresos adecuados amplía las posibilidades de inserción y el acceso a bienes y servicios en economías cada vez mas globalizadas.

Almeyda también sostiene hace referencias a la realidad en Europa, con un índice de pobreza de 10.4% y una tasa de criminalidad del 5.4 por cada 100 mil habitantes, América alcanza el 35.0% de pobreza con una criminalidad del 16.2/100 mil.

“Es un concepto sostenido por investigaciones y que ajustamos a la realidad dominicana. No es posible solucionar la seguridad exclusivamente desde el ámbito de la delincuencia y la actuación policial, porque la violencia intrafamiliar y la generada por la convivencia social ocupan el mayor por ciento de casos y eso se resuelve con el trabajo del Estado y de las instituciones civiles”, aseguró Almeyda.

Factores facilitadores de la criminalidad. Lilian Bobea, reconocida socióloga, experta en temas de seguridad y defensa, relaciones cívico-militares y seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, considera que “en el caso de países pobres cuyos ciudadanos no alcanzan a generar los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y educación, y en aquellos con altos niveles de concentración de la riqueza y desigual acceso al empleo, las oportunidades que logra desarrollar la criminalidad son múltiples y encuentran justificación precisamente en la crisis de alternativas de supervivencia. Ello afecta la dignidad, las costumbres y los valores de los ciudadanos y deriva en más tensiones al interno de las sociedades, socavando el capital social positivo y la cohesión social”.

Almeyda insistió en que la tasa de crecimiento del PIB implica, a su vez, mayor calidad de vida y el aumento de la seguridad ciudadana, una ecuación que pasa por garantizar la democracia en República Dominicana donde el 70% de los actos violentos se dan en el entorno intrafamiliar y de convivencia ciudadana. Sólo en 2009, la tasa de 15.5 muertes violentas por cien mil habitantes se produjo en el ámbito de la convivencia social, mientras que 9.6 por cada cien mil habitantes fue resultado de actos delincuenciales.

Para Almeyda, “la policía juega su rol en la seguridad democrática cuando se trata de hechos delictivos criminales, pero cuando la violencia se da en la convivencia social y en el entorno intrafamiliar, entonces el rol le pertenece al Estado y a sus instituciones, ellos son actores fundamentales para lograr la tranquilidad ciudadana elevando el nivel de vida de los ciudadanos y desarrollando programas con la población”.

Delincuencia y convivencia son, para Almeyda, las dos columnas de la seguridad ciudadana y eso se logra con un ingreso mínimo de US$30 diarios, un crecimiento sostenido del PIB y el trabajo social del Estado y sus dependencias en la atención a las comunidades excluidas.

El ministro de Interior y Policía de República Dominicana hizo una llamado en la Cumbre de Alcaldes, Alcaldesas y Ciudades de Europa, América Latina y el Caribe realizada recientemente, para crear, junto al resto de las naciones, instrumentos sobre políticas públicas y seguridad ciudadanas que involucren al Estado y a la sociedad más allá de los cuerpos policiales, bajo los postulados de que la convivencia social se resiste cuando baja el PIB per cápita, porque desciende el bienestar y la calidad de vida de todos.