“El gobierno de la revolución ciudadana ratifica el compromiso de continuar con el impulso a la transformación de la justicia, en el marco del máximo respeto entre las funciones del Estado”, declaró este jueves el presidente de la República, Rafael Correa, en el acto de posesión de los 21 nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia.

“Prepárense a un ataque mediático que dirá que la única forma de demostrar su imparcialidad sea fallar contra el Ejecutivo”, advirtió el mandatario a los nuevos magistrados.

El jefe de Estado alabó el concurso realizado por el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), mediante el cual se escogió a los jueces. Destacó la equidad de género en la conformación de la Corte a la que por primera vez llega una indígena: la jueza Mariana Yumbay.

“No se trata de un simple cambio de actores, sino de un verdadero cambio profundo, radical en la administración de justicia que implica cambios en las relaciones de poder. Liberar a la justicia de los poderes que la tenían sometida, poderes económicos, políticos, informativos”, acotó el presidente.

Con la posesión de los jueces nacionales se cerró la primera etapa del proceso de depuración y reestructuración de la justicia, ordenada por la consulta popular del pasado 7 de mayo del 2011.

Paulo Rodríguez, presidente del CJT, fue el encargado de tomar el juramento de posesión a los nuevos jueces, a quienes les colocó un botón en el que se inscribió la fase “por una justicia oportuna y transparente”.

Los 21 jueces no podrán ser reelectos, tendrán un periodo de nueve años y se renovarán por tercios cada tres años. Anoche asumieron el cargo pese a que la veeduría nacional e internacional no hizo público el informe sobre el proceso de selección de los jueces, que costó alrededor de $ 500 mil.

Como vocera de los integrantes de la nueva Corte, la jueza más joven y única representante indígena, Mariana Yumbay, adelantó que abrirán un espacio de diálogo, sin sumisión, con otras funciones del Estado. Lo dijo precisamente ante los máximos representantes de la Asamblea Nacional, de la Corte Constitucional, del Consejo de Participación Ciudadana y del presidente Correa.

La administración de justicia, según el ofrecimiento de Yumbay, se convertirá en un espacio intercultural, donde se fortalecerá el pluralismo jurídico y la democracia ecuatoriana.

“Este día asumimos la obligación de ser los principales tutores y guardianes de la Constitución, de los instrumentos internacionales y leyes, y sobre todo de respetar los derechos de las personas, de los pueblos y las colectividades”, dijo.

En tanto, Nancy Cárdenas, coordinadora de las veedurías nacionales, confirmó su compromiso de apoyar a la nueva CNJ que, por su origen, será una garantía para el usuario de la administración de justicia, expresó.

Para Correa, la Corte deberá tener dos característica: mística de trabajo y valor. La primera, dijo, para lograr la aplicación de la justicia y la paz social y, la segunda, para evitar las presiones violentas de los poderes fácticos. A juicio del mandatario, se debe imponer un verdadero estado de derecho, en donde los medios de comunicación no sean los que exoneren o condenan. “Inauguremos el estado de derecho, en lugar del estado de opinión que nos quieren imponer”, agregó.

En la mañana, los vocales del organismo transitorio se reunieron con el coordinador de la veeduría internacional, el juez español Baltasar Garzón, para ratificar los informes entregados por la Judicatura a las veedurías. El juez expresó que recién está analizando las evaluaciones de los jueces.

La posesión coincidió con los cuestionamientos del legislador Andrés Páez (ID), quien solicitó al CJT, vía judicial, que entregue información sobre ciertos jueces y conjueces elegidos, a fin de transparentar sus calificaciones.