El presidente de Ecuador amenazó este lunes con enviar a consulta popular las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se plantean al interior de la Asamblea Nacional, en el caso de que sean aprobadas por los legisladores.

El presidente Rafael Correa amenazó este lunes con enviar a consulta popular las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se plantean al interior de la Asamblea Nacional, en el caso de que sean aprobadas por los legisladores.

Además reiteró su idea de aplicar la figura de la ‘muerte cruzada’ en el caso de que los asambleístas de oposición impidan la elección del delegado al Consejo de la Judicatura de transición que reestructurará la Función Judicial.

“Se trata de boicotear el mandato popular a través de la repartición de comisiones legislativas. Esa Ley Orgánica de las reformas legislativas para repartirse la troncha, que no vienen a la Presidencia sino que las aprueba directamente la Asamblea, en caso de que pasen las enviaremos directamente a consulta popular, porque como lo hemos dicho: gobernaremos directamente con el pueblo ecuatoriano”, dijo.

Estos anuncios los hizo durante la posesión de la nueva secretaria del Migrante, Betty Tola, exasambleísta constituyente, quien reemplazará a Lorena Escudero, quien renunció al cargo el pasado viernes por motivos personales.

Allí aseguró que al interior del movimiento Alianza PAIS existen asambleístas que traicionaron su mandato “vendiéndose al mejor postor”.

“Hemos dicho que si tenemos que viajar a Europa a denunciar este tipo de anomalías y juntar las firmas necesarias para revocar el mandato así lo haremos. Pero ya basta de sinvergüenzas que se burlan de la voluntad popular, basta de tanta hipocresía de gente que renuncia a PAIS pero no a la curul para venderse al mejor postor”, señaló, refiriéndose a Washington Cruz, quien no votó con su bancada el viernes anterior, dando paso a que se cambie el orden del día para debatir las normas que rigen el Parlamento.

Según el mandatario, dichos cambios fomentan la creación de comisiones innecesarias y la contratación de asesores, lo cual generará un gasto público de más de US$15 millones.

Correa no solo amenazó con disolver la Asamblea, sino también de sancionar a los legisladores que impidan la aplicación del plebiscito con el desacato. “Iremos de ser necesario a la muerte cruzada pero no permitiremos que la voluntad popular sea burlada y a los resultados los lleve la trampa”, dijo.