“Por ningún lado la Comisión de Derechos Humanos tiene la atribución de dictar medidas cautelares, pero si las tuviera es el colmo que traten de revertir una sentencia ejecutoriada en un país soberano”, dijo Correa durante un encuentro con los medios en Guayaquil.
El presidente Rafael Correa desestimó las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a favor del asambleísta Cléver Jiménez.
“Por ningún lado la Comisión de Derechos Humanos tiene la atribución de dictar medidas cautelares, pero si las tuviera es el colmo que traten de revertir una sentencia ejecutoriada en un país soberano”, dijo Correa durante un encuentro con los medios en Guayaquil.
Criticó la acción iniciada por la CIDH y afirmó que, con esta, el organismo estaba a un paso de su “desacreditación”.
Dijo que en el informe de ese ente ni siquiera se determinaba “que se haya incumplido el debido proceso” o se haya presentado alguna irregularidad, por lo que concluyó que lo anunciado por el CIDH es ilegal.
Jiménez fue sentenciado a cumplir 18 meses de prisión después de que, agotadas todas las instancias legales del país suramericano, la jueza Lucy Blazio dictara sentencia definitiva y emitiera la correspondiente boleta de captura, por el delito de calumnia judicial.
“Por ningún lado esta comisión tiene atribuciones para dictar medidas cautelares a favor de Cléver Jiménez pero si las tuviera es el colmo que trate de revertir la sentencia ejecutoriada de un país soberano: se acabó la soberanía. Ese dictamen espurio ni siquiera dice que se faltado al debido proceso sino que critica la ley ecuatoriana solo porque no están de acuerdo”, agregó.
“Según estos genios, una denuncia penal acusando al presidente de la República de criminal de lesa humanidad, con total mala fe, falseando los hechos, con temerario desprecio a la verdad, firmada por abogados, es libertad de expresión. Yo como soy presidente, funcionario público debo aguantarme todo esto. ¡A otro con esos cuentos!”, dijo airado el jefe de Estado.
Jiménez fue denunciado por el presidente por unas acusaciones que le hicieron en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando Correa estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado.
Los condenados acusaron a Correa de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.
“Esta es parte de una mentalidad de que nosotros podemos ganar las elecciones pero ellos (la CIDH) tiene que gobernar. Es decir, quien tiene que dictar las políticas públicas no es el gobierno sino la CIDH. El presidente solo puede ser insultado, no puede contestar. Esto no es civilización, es decadencia. Mientras yo sea presidente, no las voy a permitir”, concluyó el mandatario.
* Con información de El Universo y Agencia Andes.
