Sao Paulo. El rechazo del máximo tribunal de Brasil al recurso de amparo solicitado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva viola la dignidad de la persona humana, dijo este jueves su defensa, al anunciar que tomará todas las medidas legales para evitar el cumplimiento en prisión de una condena por corrupción.

La madrugada de este jueves, el Supremo Tribunal Federal rechazó por 6 votos contra 5 el hábeas corpus solicitado por el expresidente para que se le permitiera apelar en libertad una condena impuesta por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), en un fallo que probablemente termine su carrera política y profundice las divisiones en el país.

"Viola la dignidad de la persona humana y otras garantías fundamentales la negación del hábeas corpus al ex-presidente Lula por parte del Supremo Tribunal Federal", señaló una nota firmada por los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Martins, que se basan en el principio de la presunción de inocencia hasta que se agoten los recursos posibles.

Lula, quien gobernó entre 2003 y 2010, tiene otros seis juicios pendientes por corrupción y otras ilegalidades. Luego de la decisión del máximo tribunal puede ser encarcelado dentro de una semana, cuando cierra el plazo para la presentación de la "apelación de la apelación".

"Viola la dignidad de la persona humana y otras garantías fundamentales la negación del hábeas corpus al ex-presidente Lula por parte del Supremo Tribunal Federal", señaló la defensa.

Este jueves en los medios había distintas versiones sobre los plazos y la forma de proceder a aplicar el fallo.

"La defensa adoptará todas las medidas legalmente previstas para evitar que la anticipación de la pena impuesta automáticamente por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región sea ejecutada", añadieron los abogados en la nota en alusión a la corte que en enero mantuvo el fallo de primera instancia contra Lula y amplió su sentencia a 12 años de cárcel.

Lula, que sigue siendo el político más popular en Brasil a sus 72 años, encabeza las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones de octubre de este año. Sin embargo, aun si no termina en la cárcel, no podría presentarse para cargos públicos porque ya fue condenado, de acuerdo a leyes electorales.

El expresidente fue declarado culpable el año pasado y condenado a 10 años de prisión por aceptar sobornos valorados en 3,7 millones de reales (US$1 millón) de la firma de ingeniería OAS, en un fallo de primera instancia del juez Sergio Moro, que lidera la llamada Operación Lava Jato (Lavado de Autos).

En enero, el TRF-4 confirmó por unanimidad su condena y aumentó la pena de prisión a 12 años. Determinó que la pena debe comenzar a ser cumplida después de agotados los recursos en la corte.