El superintendente de Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa, anunció este lunes que está elaborando un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación; una de ellas sería darle 'dosimetría' a la sanción por 'linchamiento mediático'.
La posibilidad de endurecer la sanción por el llamado 'linchamiento mediático' no entusiasma a los legisladores de Alianza PAIS (AP) y genera rechazo en los de oposición.
El superintendente de Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa, anunció este lunes que está elaborando un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación; una de ellas sería darle 'dosimetría' a la sanción por esa figura, establecida en el artículo 26 de la norma.
La norma prohíbe difundir información reiterativa a través de uno o más medios de comunicación para desprestigiar a una persona y reducir su credibilidad. La sanción es una disculpa pública de quienes divulgaron la información.
Ochoa considera que “no puede ser que el linchamiento, que puede acabar con la honra y la vida, sea únicamente sancionado con una disculpa”.
El legislador Ángel Vilema (AP), quien estuvo en la Comisión que hizo la Ley, cree que toda norma es perfectible, pero como bloque legislativo no han pensado en reformarla. “Nosotros creemos que esta es una ley que se está aplicando de buena manera, el acoso mediático está bien sancionado. Quizás con la experiencia y las bases que la Supercom presente podríamos analizar esta reforma”, dice.
Su coidearia Gina Godoy, integrante de la Comisión de Justicia, no descarta que pueda discutirse esta propuesta.
No obstante, “las sanciones más allá de las que ahora contempla la Ley de Comunicación, es algo que no alcanzo a procesar, dado que no se pensó más allá de un llamado de atención a un medio de comunicación que se presta para esas condiciones”, expresa.
Durante el debate del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esa mesa recibió una propuesta para penalizar el linchamiento mediático, pero no tuvo acogida. La presentó la oficialista María Augusta Calle.
El asambleísta Ramiro Aguilar (antes de SUMA) anticipa que si el proyecto llega al Legislativo será descartado por incoherente pues “es una sanción administrativa y el único paso hacia arriba que puede tener es incluirla en el Código Penal”.
Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) cree que radicalizar esta infracción “quebraría el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 76 de la Constitución”.
Desde la vigencia de la Ley se presentaron tres casos sobre linchamiento en la Supercom. Uno de los hermanos Roberto y William Isaías, ex dueños de Filanbanco, contra diario El Telégrafo. Otro por la ex constituyente Martha Roldós contra medios incautados. Y otro de Sandra Correa, ex ministra del régimen de Abdalá Bucaram, contra el radiodifusor Diego Oquendo. Ese fue el único que se aceptó, se sustanció y luego se desechó en el organismo.
