“La Casa en el Aire” es una de las más celebres canciones de la música tradicional colombiana. Bailado por generaciones, este vallenato habla de un padre celoso que quiere construir para su hija una vivienda lejos de sus enamorados. “Como esa casa no tiene cimientos/ tiene el sistema que he inventado yo/ Me la sostienen en el firmamento/los angelitos que le pido a Dios”, dice la letra.

Con el anuncio del gobierno colombiano de edificar 100.000 viviendas gratuitas para familias vulnerables, se espera que la iniciativa no quede en el aire y cuente con sólidos cimientos, más allá de las ayudas celestiales que pueda tener el nuevo ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras.Mientras el Congreso estudia el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para agilizar el programa de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) los colombianos ya hacen planes para la casa que esperan recibir. El gobierno se propone entregarlas en los próximos dos años, lo que se traduce en 4.166 viviendas mensuales, o 138 diarias.

Esto se suma a la meta fijada por el programa “locomotora de la vivienda” que  en agosto de 2014 deberá completar un millón de inmuebles, 268.000 de las cuales ya se empezaron a construir el año pasado. Forman parte de la vivienda de interés social entregadas con subsidios parciales.

“Estamos hablando de vivienda totalmente gratis para los más pobres del país,  algo que podemos hacer gracias al gran momento económico que vive Colombia”, dijo el presidente Juan Manuel Santos cuando presentó la iniciativa a finales de abril, en momentos en que la encuestadora Napoleón Franco registraba su popularidad en el 58%, seis puntos menos que en noviembre pasado.

Con el programa VIP, Santos busca generar un impacto en el empleo, teniendo en cuenta que el sector de la construcción es uno de los más dinámicos. A la fecha tiene un récord de un millón 300.000 trabajadores en actividad.Con una tasa de crecimiento del 5,9%, la inversión extranjera disparada y la reducción del desempleo y del endeudamiento público, el país andino se convierte en el tercero, después de Brasil y Chile, en dotar de vivienda 100% subsidiada a poblaciones marginales.

La iniciativa de Santos, que le valió el rótulo de populista desde algunos sectores, no sólo se enfrenta a la estrechez del tiempo, sino al riesgo de caer en manos de los políticos, dado que se aproxima un 2014 electoral en todos los niveles de la administración pública. A esto se suma el desprestigio del sector privado que ha afrontado escándalos millonarios en proyectos de infraestructura. “Nada de populismos baratos; eso es responsabilidad social, de eso se trata”, se defiende Santos.

¿Quién sostiene? La ex senadora colombiana Cecilia López cuestiona qué tan coordinado estará el programa VIP con otras estrategias y el impacto real que tendrá en los índices de pobreza. “La base deben ser los derechos, que todo el mundo tenga acceso a ellos, no limosnas”, comenta López. “Si la población no tiene empleo, salud y educación decentes y se les regala una vivienda, ¿quién va a sostener la casa?”.

En esto coincide el economista Ismael Molina, quien en el portal colombiano Razón Pública se pregunta si el Estado está en capacidad de prologar la iniciativa más allá de las primeras 100.000. Si no hubiese sido más sensato implementar sistemas de financiación para que todos los colombianos puedan acceder a un inmueble. “La respuesta puede ser negativa, dejando la sensación de una acción importante, pero con grandes visos de oportunismo”, comenta Molina.

Óscar Borrero, experto en desarrollo urbano y constructor colombiano, no desconoce los beneficios políticos para el presidente Santos y su ministro Vargas. No obstante, Borrero opina que lo importante no es que las viviendas generen votos en un futuro, sino que no se entreguen a cambio de votos.

Con un 35% de la población en la pobreza y cuatro millones de personas en situación extrema, el gobierno busca dotar de residencia a quienes ganen menos de US$ 55 dólares mensuales, damnificados por el invierno, desplazados y madres cabeza de hogar.

El Ministerio de Vivienda ya tiene un inventario de los posibles beneficiados y estudia los métodos para seleccionarlos, al tiempo que promete transparencia en la adjudicación. “No se descarta que el mecanismo final sea el del sorteo público entre quienes estén habilitados para acceder a una vivienda”, explica el ministro Vargas.

Además, los constructores deberán tener el músculo financiero para realizar los proyectos. Debido a graves problemas de corrupción en el sector, el gobierno sólo pagará por obra entregada, y los gobiernos locales no tendrán autonomía para contratarlos.

Por otra parte, aún no están definidos los parámetros para garantizar una vivienda digna y de buena calidad. Desde el Congreso ya se pronunciaron las primeras voces, como la de la senadora del Partido Verde Gima Jiménez. La parlamentaria comenta que se debe exigir que los proyectos garanticen los mejores estándares de calidad urbana y sean dotados de parques y jardines infantiles, entre otros requerimientos. 
Para  Borrero, los inmuebles deben tener como mínimo 55 metros cuadrados, lo que permite construir tres alcobas, teniendo en cuenta que las familias objetivos tienen en promedio entre cuatro y seis miembros. No obstante, reconoce la dificultad que esto puede tener en ciudades como Bogotá o Medellín, donde el precio de la tierra encarece los costos fijados en US$ 22.000 por vivienda.

El ministro Vargas Lleras anunció que se busca congelar el precio de los terrenos antes de arrancar con el programa VIP, y establecer acuerdos con los productores de materiales de construcción, para evitar la especulación.

Vamos al campo. Colombia marcará un precedente en su política de vivienda social, caracterizada por subsidios parciales y financiación del 100% en la década del 80, pero nunca gratis. Con esto, tenderá la mano a sectores históricamente excluidos, no sólo en las ciudades, sino en el campo.

Al cierre de esta edición el Ministerio de Agricultura anunció un presupuesto de US$ 90 millones para el programa de Vivienda de Interés Rural, en donde se construirán y reformarán otras 100.000 viviendas campesinas, gratuitamente.“Lo importante es que, cuando una familia tiene una vivienda, cualquier ingreso que obtenga será para comer, así comenzamos a sacar gente de la pobreza absoluta”, afirma Borrero.

Sin embargo, el éxito del proyecto dependerá de las reglas claras con las que juegue el gobierno y de los accesos a servicios básicos de calidad para los beneficiados, so pena de continuar en la marginalidad. También del compromiso del sector privado, en donde si bien trabajen con bajo parámetros rentables, no pierdan de vista su responsabilidad social con los más necesitados. La promesa es grande, 100 mil familias esperan.