Después que el gobierno venezolano calificara de “cobardía política” la actitud de miembros del gobierno español que habrían vinculado al país caribeño con ETA, el país europeo expresó formalmente su molestia por esas palabras.
Madrid. El gobierno español mostró este viernes su profundo malestar por el calificativo de "cobardía política" empleado por Venezuela para describir la actitud de algunos miembros del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que habrían vinculado al país caribeño con ETA.
La ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, llamó este viernes por la mañana al embajador de Venezuela en España para comunicarle el enojo del gobierno, en un nuevo momento de tirantez diplomática entre ambos países en torno a la presunta ayuda que miembros de ETA habrían recibido en suelo venezolano.
"Existe un profundo malestar en el gobierno español en relación con la nota, entendemos que se vierten acusaciones que son inaceptables y que son injustificables", dijo el vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, al término de una reunión semanal del gabinete.
El también ministro del Interior es uno de los políticos a los que Caracas atribuye citas de asociar a Venezuela con ETA. Jiménez y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, son otros de los citados.
Un auto judicial de la Audiencia Nacional española difundido a principios de octubre reflejó que Juan Carlos Besance y Xabier Atristain, detenidos por tenencia de explosivos y armas y por integración en organización terrorista, aseguraron que recibieron instrucciones en territorio venezolano en 2008.
Sin embargo, Rubalcaba dijo después que el hecho de que dos presuntos miembros del ETA dijeran que fueron entrenados en Venezuela no denotaba una relación del Gobierno de Hugo Chávez con los adiestramientos.
"Queremos que la colaboración con Venezuela en la lucha contra el terrorismo se mejore, y vamos a seguir trabajando para que sea así", añadió el viernes Rubalcaba.
El gobierno venezolano dijo este jueves en un comunicado que considera una demostración de cobardía que algunos políticos españoles busquen justificar su fracaso en la lucha contra el terrorismo endosándoselo a Caracas.
La semana pasada, España solicitó a Venezuela la extradición del presunto etarra Arturo Cubillas, de 45 años, por diversos delitos de terrorismo relacionados con el supuesto entrenamiento de miembros de ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el país caribeño.
La Audiencia atribuye a Cubillas - que ha ostentado cargos públicos durante la presidencia de Hugo Chávez - la responsabilidad del colectivo de ETA en esa zona de América y la coordinación de las relaciones con las FARC.
Venezuela ha abierto una investigación sobre las actividades de Cubillas, pero Chávez ha negado siempre cualquier colaboración con ETA y atribuyó las acusaciones de supuestos vínculos con la banda a la "extrema derecha europea" y, sobre todo, "a la española".
El tema ya provocó un impasse diplomático entre Madrid y Caracas el pasado marzo, pero ambos países saldaron la polémica con un compromiso conjunto para luchar contra el terrorismo.
