Autoridades de República Dominicana y Haití se reunirán el 7 de enero en la localidad haitiana de Juana Méndez para tratar el tema migratorio, agravado tras un fallo que fija requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana y que afecta a descendientes de haitianos.

Así lo anunció este jueves el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien dio a conocer la lista de la misión dominicana que irá a la cita bilateral, en la que también se tratará sobre comercio, medio ambiental y la seguridad.

Ésta es la primera reunión formal entre los dos países para tratar el espinoso tema migratorio tras la reunión del presidente dominicano, Danilo Medina; y del haitiano, Michell Martelly, el pasado 16 de noviembre en Venezuela, donde coincidieron en una reunión de Petrocaribe.

Como observadores también participarán representantes del gobierno de Venezuela, de la ONU, la Unión Europea y la Comunidad del Caribe (Caricom), según citó hoy la agencia EFE.

El ministro de la Presidencia afirmó que el gobierno dominicano va a la mesa del diálogo a trabajar "con empeño y buena fe para conversar de manera franca, directa y sincera, a fin de abordar satisfactoriamente temas que históricamente se han relegado y que ambos gobiernos entienden que es el momento de definirlos en beneficio de las dos naciones".

Montalvo enfatizó que "todas las esperanzas están cifradas en que de estas conversaciones surjan propuestas y soluciones que aporten al bienestar y al desarrollo tanto de la República Dominicana como de Haití".

El Tribunal Constitucional (TC) dominicano resolvió el pasado 23 de septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país "en tránsito".

Las autoridades dominicanas, sin embargo, aseguran que la sentencia abre la vía para regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados y su descendencia.

De hecho, el gobierno dominicano aprobó el 22 de noviembre el Plan Nacional de Regularización de los extranjeros indocumentados, el cual beneficiará especialmente a los de origen haitiano, que representan casi el 90 por ciento de la población foránea residente en el país.

De los 9,5 millones de habitantes que tiene el país caribeño, se verían afectados unos 240.000 según cálculos de la organización Human Rights Watch (HRW)