Bogotá. Una serie de grabaciones se conocieron este miércoles alrededor del escándalo del llamado carrusel de la corrupción que se gestó al interior del Consejo de Estado de Colombia.

Éste venía operando desde hace varios años, donde algunos funcionarios de ese organismo que se encuentran en la mira de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación, manipulaban sentencias.

La FM (radio) reveló varias grabaciones donde, al parecer, una mafia de abogados, buscaban arreglar fallos, manipular expedientes o congelar decisiones a cambio del pago de millonarias sumas de dinero para salvar la investidura de gobernadores, alcaldes y otros políticos, entre otros temas que estaban siendo tramitados en el Consejo de Estado.

La investigación se inició hace más de dos años, y en noviembre pasado la justicia condenó a cuatro años de prisión a Carlos Fernández, auxiliar de la sección quinta de la Corporación, acusado de ser uno de los principales eslabones de esta red criminal.

Pero las investigaciones continuaron y ahora, tanto la Procuraduría como la Fiscalía se alistan a tomar nuevas decisiones que comprometen a por lo menos otros tres funcionarios de la rama judicial y unos cinco particulares, entre ellos algunos abogados, con base en cientos de horas de interceptaciones que pudo obtener el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Entre las grabaciones, que fueron obtenidas de manera legal y hacen parte del expediente, aparece una conversación entre Edilberto Casas, funcionario de la sección primera del Consejo de Estado y el abogado Javier Socarraz, quien apareció mencionado en el escándalo de la Yidispolítica por supuestamente haber tramitado algunas notarías.

En criterio de los investigadores, en la grabación estarían hablando de la negociación para el pago de unos $100 millones (US$60.000) por obtener el concepto de un procurador delegado.

En una conversación, el funcionario del Consejo de Estado habla con el abogado nuevamente del mismo tema y aseguran que "eso no está fácil, pero lo pueden sacar adelante" y hablan de ir cuadrando los "honorarios" de los abogados.

En otra de las grabaciones, difundidas por La FM, hablan dos hombres, uno llamado ‘José' y otro a quien le dicen ‘Pachito', sobre el cobro de $15 millones (US9.000) por una "t", que para los investigadores del CTI de la Fiscalía, es claro que se trataba de una tutela.