La revista editada en Estados Unidos desde 1917 hizo un análisis sobre la crisis política desatada en Paraguay y que finalizó con la destitución de Fernando Lugo, por la vía del juicio político y concluyó que el proceso fue de legal y no se trató un golpe.

El artículo descarta que la destitución del presidente Fernando Lugo haya sido un “golpe de Estado”, tal como lo han calificado los presidentes de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Asegura que tampoco puede ser considerado “ilegal” y que “Están equivocados en los hechos y equivocados en la ley”, quienes sostengan dicha tesis.

Agrega que la sucesión presidencial en Paraguay fue “constitucional, coherente con la Carta Interamericana Democrática de la OEA, cumplió con los estándares del Protocolo Democrático de Ushuaia y el Protocolo Adicional de la Unasur sobre la Democracia (...)”.

El autor afirma que, a diferencia de Honduras, “el orden democrático se ha mantenido intacto en Paraguay y es esencial que los actores internacionales consideren el daño que podrían causar a la democracia paraguaya, si no reconocen al actual y demostrablemente legítimo gobierno paraguayo”.

Argumenta que el golpe de Estado existe solo cuando el autor recurre a la violencia o la coacción para remover a la víctima de su cargo; la acción es súbita, y se viola claramente el procedimiento constitucional para remover al jefe de Estado. Señala que no se dieron estos condimentos y que “El artículo 225 de la Constitución de Paraguay da al Congreso la facultad de remover al presidente por tres motivos”, entre ellos “mal desempeño de sus funciones”.