Río de Janeiro. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró hoy que es víctima de una maniobra de la oposición que busca despojarla del cargo mediante una "elección indirecta".

En un acto en Palmas, capital del estado de Tocantins (noreste), Rousseff acusó a sus adversarios de intentar asumir el poder a través de una "elección indirecta", con un juicio político en su contra que puede costarle el mandato, pese a que no cometió ningún crimen.

"Más que un golpe, es una tentativa clara de hacer una elección indirecta para colocar en el gobierno a quien no tiene voto suficiente para llegar allí. ¿Por qué no tienen votos suficientes? Porque si se dirigen al pueblo brasileño y les dicen, 'mira, no habrá más subsidios, entonces acabó el programa 'Mi Casa, Mi Vida', no hablarán así", explicó.

Rousseff dijo que sus eventuales sucesores en el cargo pretenden revertir los gastos de programas gubernamentales de transferencia de renta a los más desfavorecidos, como "Bolsa Familia", o "Mi Casa, Mi Vida", que ayuda a los más desfavorecidos a adquirir una vivienda.

A cuatro días de que el Senado vote si abre o no un juicio político en su contra por haber firmado decretos presupuestarios sin previsión de recursos en caja y por atrasos en los pagos a los bancos públicos, o el llamado "pedaleo fiscal", la mandataria volvió a recalcar que no existen motivos para acusarla.

Para Rousseff, el proceso de "impeachment" no tiene base legal y aseguró que todos los gobiernos anteriores a ella hicieron lo mismo, al citar como ejemplo al ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), quien publicó 101 decretos suplementarios.

"De estos 101 decretos, 30 son iguales a los que yo hice. Jamás fue invocado contra él ningún problema, y no fue invocado porque no había problema, como hoy no lo hay. Lo mismo sucedió con el presidente Lula (Luiz Inácio da Silva). Lo mismo acontece hoy con los gobiernos regionales de todo el país", aseguró.

El Senado brasileño votará el miércoles si abre o no un juicio contra Rousseff; de hacerlo, con una simple mayoría de los 81 diputados, la presidenta será apartada del cargo de forma temporal hasta que se concluya el proceso, lo cual puede extenderse hasta un máximo de 180 días.

Durante ese periodo, el vicepresidente brasileño Michel Temer puede asumir la Presidencia mientras se juzga el caso y, si el Senado se inclina finalmente por la destitución, completará el mandato de Rousseff que termina el 1 de enero de 2019.