En un año en que la furia de los brasileños frente a la endémica corrupción política finalmente estalló, Dilma Rousseff pareció pararse del lado correcto de la historia y se benefició gracias a la impresión de que lidió firmemente con los seis ministros acusados por diversas irregularidades.

Rio de Janeiro. No tiene el mismo fervor que la "Primavera Arabe", pero la renuncia de seis ministros del gobierno brasileño, la aprobación de leyes de transparencia y el surgimiento de una enojada clase media muestran que el gigante latinoamericano busca un gobierno más honesto.

Eso podría convertir a Brasil, que pierde hasta el 2,3% de su producción económica anual por la corrupción, en un administrador más eficiente del gasto público y en un mejor lugar para hacer inversiones.

En el corto plazo, sin embargo, los efectos son menos predecibles. La presidenta de centroizquierda Dilma Rousseff está intentando capitalizar la irritación pública sin provocar una rebelión en su coalición de gobierno que podría postergar reformas económicas cruciales.

En un año en que la furia de los brasileños frente a la endémica corrupción política finalmente estalló, Rousseff pareció pararse del lado correcto de la historia y se benefició gracias a la impresión de que lidió firmemente con los ministros acusados.

La percepción de que no está tolerando los viejos métodos en la capital Brasilia ayudó a mejorar sus índices de aprobación en lugares inesperados.

Un sondeo en septiembre mostró un notable cambio geográfico: logró el apoyo más alto, del 57%, en los estados ricos del sur, una región tradicionalmente débil para el Partido de los Trabajadores (PT).

En septiembre, miles de manifestantes salieron a las calles en Brasilia y otras grandes ciudades, hartos de los escándalos de corrupción que sacudieron al gabinete de Rousseff y por momentos amenazaron con salirse de control.

"Al igual que en Chile, en las protestas (contra) Wall Street y en la llamada Primavera Arabe, los movimientos sociales se están dando cuenta de que hay formas de impulsar cambios que no involucran a partidos políticos o sindicatos", dijo Pedro Taques, senador del partido de centroizquierda PDT que impulsa leyes más duras para combatir la corrupción.

No está claro hasta qué punto Rousseff está dirigiendo la campaña anticorrupción, cuya primera víctima fue el influyente jefe de gabinete Antonio Palocci en junio. El mes pasado fue el turno del ministro de Deportes, Orlando Silva, acusado de recibir bolsas con dinero en el estacionamiento del ministerio.

Los críticos dicen que la corrupción empeoró durante los mandatos de su popular antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, que presidió un período de fuerte crecimiento económico pero adoptó una postura más relajada en materia de gastos ministeriales en los últimos años de su gobierno.

Claudio Weber Abramo, presidente del organismo anticorrupción Transparencia Brasil, dijo que el gobierno de Rousseff claramente impulsó la batalla contra este mal en comparación con Lula.

Destacó su decisión el mes pasado de suspender por 30 días los pagos del Gobierno federal a las organizaciones no gubernamentales (ONG), que protagonizaron varios de los escándalos de este año como receptoras de fondos públicos que luego fueron distribuidos como sobornos.

"El gobierno está adoptando un enfoque más enérgico en relación a sus aliados en los ministerios (...) Les está diciendo: 'Los estamos vigilando más de cerca'", opinó Abramo.

Raíces profundas. Los grupos que luchan contra la corrupción elogiaron varias leyes recientes que sentaron las bases para limpiar la política, aunque Brasil aún tiene un largo camino por recorrer para revertir una cultura de impunidad y un sistema de partidos basado en el patronazgo que están en las raíces del problema.

El Congreso también aprobó una ley de libertad de información el mes pasado. Promovida como una de las de mayor alcance del mundo, obliga a las autoridades a publicar datos sobre gastos y a responder a los ciudadanos que solicitan pruebas.

El 2010 aprobó la ley "Ficha Limpa" (Expediente Limpio), que impide a los políticos con antecedentes penales ocupar cargos públicos, un tema sensible en un país donde un quinto de los legisladores enfrentan casos criminales en la Corte Suprema.

La ley fue un resultado directo del "poder popular", ya que se aprobó luego de que 1,5 millones de brasileños respaldaran una petición con su firma.

Aun así, todavía es necesario lidiar con muchas de las causas de la corrupción, como los excesivos gastos de campaña, que hacen que los partidos se vean presionados para recaudar fondos, a veces de forma ilegal.

El escándalo que terminó con el alejamiento del ministro de Deportes Silva, por ejemplo, giraba en torno a un supuesto esquema mediante el cual su ministerio giraba fondos públicos a su propio Partido Comunista.

Junto a la pesada burocracia, la corrupción contribuye en gran medida al llamado "costo Brasil" que eleva el precio de hacer negocios en la mayor economía de América Latina.

Si bien Rousseff parece estar liderando una campaña contra la corrupción, deberá evitar que la iniciativa termine jugándole en contra.

La necesidad de mantener su relación de trabajo con una irritable coalición de 16 partidos para aprobar una revisión del sistema impositivo y del sector energético, entre otras medidas, implica que su "limpieza ética", como ha sido definida por los medios, se detendrá antes de resolver las causas de origen de la corrupción.

Eso sugiere que el impulso para la popularidad de Rousseff -un índice vital para medir el apoyo del Congreso a la aprobación de reformas estructurales- podría debilitarse cuando la desacelerada economía brasileña cobre más preponderancia en la mente de los votantes en los próximos meses.