Bogotá. La recién aprobada ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia puede ayudar a poner fin a décadas de violencia y fomentar el progreso al incorporar a miles de campesinos a la producción agrícola, dijo este miércoles el presidente Juan Manuel Santos.

La ley, aprobada este martes en el Congreso por la coalición de partidos que respalda a Santos, es vista como la iniciativa más importante en el primer año de gestión del mandatario del país sudamericano, que lucha contra el narcotráfico, la guerrilla izquierdista y paramilitares de ultraderecha.

La norma reconoce como víctimas a quienes sufrieron ataques de esos grupos irregulares e incluso de efectivos de las Fuerzas Armadas o, en su defecto, a sus familiares.

La ley beneficiaría a unas cuatro millones de personas y serían restituidas alrededor de 6 millones de hectáreas, de las cuales 4 millones fueron abandonadas y 2 millones fueron despojadas en su mayoría por escuadrones paramilitares, según estimaciones oficiales.

Progreso y prosperidad. Santos, quien entregó tierras en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, dijo que la aplicación de la ley en zonas golpeadas por la violencia "les va a permitir (a los campesinos) ser parte de un engranaje económico que les abre las puertas al progreso y a la prosperidad".

"Por eso nosotros estamos empeñados en ir erradicando esos grupos violentos por las buenas o por las malas. Pero aquí la paz (...) la vamos a traer. Por las buenas o por las malas, pero la traemos". Juan Manuel Santos.

Este paso "también cumple con el objetivo de ir entregando a la mayor cantidad de familias de campesinos posible un título para volverse más productivos y convertir el campo colombiano en esa gran locomotora que queremos que sea", agregó.

El gobierno apunta a un crecimiento sostenido de la economía colombiana sobre el 5%, respaldado en el impulso a la agricultura, la minería, la infraestructura, la tecnología y la construcción de vivienda.

De acuerdo con analistas y dirigentes políticos, la aprobación de la norma deja sin uno de sus argumentos a la guerrilla izquierdista que históricamente ha reclamado por una reforma agraria que incluya la devolución de tierras de campesinos e indígenas desplazados por la confrontación.

"Ya no hay ninguna razón para que grupos que se dicen con alguna ideología están con un fusil matando a sus compatriotas en aras de una ideología. Eso es anacrónico, estamos en el siglo XXI. Eso está obsoleto, eso ya no tiene ningún sentido", afirmó Santos en el pueblo de Tibú.

"Por eso nosotros estamos empeñados en ir erradicando esos grupos violentos por las buenas o por las malas. Pero aquí la paz (...) la vamos a traer. Por las buenas o por las malas, pero la traemos", dijo respecto a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que tienen presencia en la zona.

Optimismo para la reconciliación.  El representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, dijo en un comunicado que la ley es histórica y abre las puertas a reconciliación.

"Su implementación va a significar un nuevo horizonte de esperanza en la búsqueda de la paz y la reconciliación del país: un desafío para toda la sociedad colombiana y la comunidad internacional que hay que enfrentar con optimismo", afirmó.

Santos admitió que una vez sancione la ley, el reto será ponerla a funcionar y satisfacer las aspiraciones de miles de víctimas que ha dejado el conflicto interno en casi medio siglo.

El Gobierno dijo no tener un monto definido de a cuánto ascenderá la reparación global. Pero el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, reveló que este año se destinarán 2,2 billones de pesos (US$1.203 millones) para atender los reclamos de las víctimas.

El funcionario descartó un impacto en las metas fiscales del gobierno, aseguró que se financiará con recursos del presupuesto y sostuvo que la ley sostenible fiscalmente.

Analistas advirtieron el riesgo de que la ley desate una escalada de violencia por la negativa de narcotraficantes o antiguos paramilitares a restituir las tierras de las que despojaron a campesinos.

"Este es el intento más ambicioso para hacer frente a la violencia rural por parte del gobierno de Colombia por lo menos desde la década de 1970", dijo Adam Isacson, del grupo de derechos humanos WOLA, con sede en Washington.

"Veo una alta probabilidad de una reacción violenta una vez que el Gobierno comience a tratar de dar tierras en disputa de nuevo a las víctimas", precisó.