Paris. La popularidad del presidente francés, Nicolas Sarkozy, aumentó tras el anuncio de una serie de duras medidas contra el crimen y la inmigración ilegal, aunque más de la mitad de los votantes afirman que no está abordando los problemas más graves del país.

Una encuesta publicada el sábado por el diario Le Parisien mostró que el número de franceses que confía en Sarkozy subió a un 34% a principios de agosto, dos puntos más que en el sondeo del mes anterior.

No obstante, el 61% de los votantes dice que no confía en el líder conservador de 55 años, que se espera se presente para un segundo mandato en el 2012 pese a los índices de popularidad.

El primer ministro François Fillon, considerado un posible rival de Sarkozy en el partido UMP, tuvo un resultado ligeramente mejor: un 40% dijo que confiaba en él frente a un 54% que no.

Fillon podría ser sustituido en un recambio de Gabinete que el presidente anunció para octubre.

La consulta telefónica a 1.002 personas fue realizada el 4 y 5 de agosto, una semana después que Sarkozy anunciara su plan de mejorar la seguridad durante una visita a Grenoble, en el sureste del país, escena de disturbios en julio por la muerte de un hombre de origen árabe que huía de la policía.

Una encuesta publicada el jueves mostró que los franceses apoyan mayoritariamente las nuevas medidas propuestas por Sarkozy, cuyo padre era húngaro y su madre francesa de origen greco-judío.

Partidos de oposición, grupos de derechos humanos y sindicatos anunciaron esta semana que protagonizarían grandes manifestaciones en toda Francia el 4 de septiembre para protestar contra las medidas, que consideran xenófobas.

Sus opositores dicen que son pasos populistas para desviar la atención de una serie de recientes reveses del Gobierno, que se ha visto sacudido por acusaciones de donaciones ilegales de la heredera de L'Oreal, Liliane Bettencourt, además de los disturbios el mes pasado en dos ciudades.

El viernes decenas de policías desmantelaron un campamento ilegal de 135 gitanos en la ciudad de Saint-Etienne, dándoles un ultimátum para abandonar el país.

Fue la primera expulsión destacada desde que el Gobierno lanzó un plan a finales de julio para desmantelar 300 campamentos ilegales de gitanos, que según dicen que están vinculados al crimen, la prostitución y el tráfico de drogas.