Buenos Aires. El empresario argentino Lázaro Báez, muy cercano a la familia Kirchner, se sentó este martes en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio por la llamada "ruta del dinero K (Kirchner)", que la Justicia lleva en su contra por presunto lavado de dinero proveniente de las obras públicas durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

La causa, donde también están implicados los cuatro hijos del empresario (Martín, Leandro, Melina y Luciana) y otra veintena de personas, podría extenderse por nueve meses y contaría con la presentación de unos 90 testigos.

Lo que indaga la Justicia es el delito de lavado de activos y encubrimiento por haber montado supuestamente una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de al menos US$60 millones.

Báez fue trasladado durante la mañana de este martes a los tribunales federales de Retiro, en Buenos Aires, desde la prisión situada en la localidad bonaerense de Ezeiza, en los suburbios de la capital argentina, donde se encuentra desde abril de 2016.

"Que la Justicia pueda llegar a instancias de juicios orales como el que hoy se inició contra Lázaro Báez por lavado de dinero marca el compromiso que tiene el Gobierno (argentino) de enfrentar la corrupción", expresó el ministro Germán Garavano.

El constructor escuchó a las autoridades judiciales junto a su hijo Martín. Entre los procesados están también los financieros Leonardo Fariña -declarado imputado colaborador- y Federico Elaskar, el excontable de los Báez Daniel Perez Gadin y su hijo Sebastián, y el abogado Jorge Chueco.

"Excavar toda la Patagonia”. "Que la Justicia pueda llegar a instancias de juicios orales como el que hoy se inició contra Lázaro Báez por lavado de dinero marca el compromiso que tiene el Gobierno (argentino) de enfrentar la corrupción", expresó este martes el ministro de Justicia, Germán Garavano, en una rueda de prensa en Buenos Aires.

La "ruta del dinero K" comenzó a investigarse en 2013, todavía con Cristina Fernández en el poder, pero el puntapié definitivo llegó en marzo de 2016, ya con Mauricio Macri en la Presidencia

Por esta causa, el pasado septiembre la ex presidenta argentina y actual senadora debió acudir a declarar, cuando presentó un escrito en el que negó haber recibido dinero ilícito. Si bien el juez de instrucción del caso, Sebastián Casanello, siempre rechazó citarla como imputada, finalmente debió hacerlo para acatar la orden de una Cámara superior.

"Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno", dijo Fernández en un escrito presentado ante Casanello.