Brasilia. Siete años después de un escándalo de corrupción que estremeció la administración del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la Corte Suprema de Brasil empezó este jueves un juicio que amenaza con opacar el legado del político más popular del país y su papel como padrino del actual gobierno.

Los brasileños aún no saben las dimensiones del escándalo conocido como el "mensalão", o mensualidad en portugués, en el que funcionarios son acusados de haber pagado regularmente a legisladores a cambio de su apoyo en el Congreso.

Si los fiscales se salen con la suya podrían acabar procesando a 38 ex funcionarios y personas asociadas al gobernante Partido de los Trabajadores, varios de ellos ex asesores de Lula en el momento del escándalo.

El asunto tendría poco impacto para la presidenta Dilma Rousseff.

Pero el juicio, que podría extenderse por más de un mes, será seguido de cerca en Brasil, donde el tema ocupa la portada de revistas, diarios y acaloradas conversaciones en hogares, bares y esquinas.

"Si los acusados argumentan que él de hecho sabía sobre los pagos, podría ser una mancha seria para una imagen que, hasta ahora, permanece intacta", dijo André Cesar, un consultor político en Brasilia. "Es por eso que la gente está siguiendo este asunto".

Pese a que la respuesta de Lula frente al escándalo fue considerada inicialmente lenta, defendiendo incluso a algunos de los acusados, el ex mandatario es todavía querido por los brasileños tras un gobierno de ocho años en los que la economía creció más de 4 por ciento al año.

Aunque fue reelecto para un segundo mandato un año después que el escándalo le hiciera perder aliados de confianza, el juicio podría hacer emerger detalles que pongan en duda las afirmaciones de Lula, quien dijo que ignoraba los supuestos pagos.

Además podría afectar cualquier plan de retornar al poder, una posibilidad remota que, según él mismo ha reconocido, depende de si Rousseff decide o no buscar la reelección en el 2014.

"Si los acusados argumentan que él de hecho sabía sobre los pagos, podría ser una mancha seria para una imagen que, hasta ahora, permanece intacta", dijo André Cesar, un consultor político en Brasilia. "Es por eso que la gente está siguiendo este asunto".

Residentes de Sao Paulo, la mayor ciudad del país, escribieron el miércoles la palabra "mensalão" con velas en una avenida del centro. En Brasilia, guardias de seguridad en trajes negros y gafas de sol acordonaron el perímetro del edificio de la Corte Suprema.

Un juicio para la "historia de Brasil". La corrupción sigue siendo un problema importante en Brasil. No es raro que los medios brasileños denuncien escándalos antes que la policía.

El mensalão, por ejemplo, no habría salido a la luz pública a no ser por un reportaje de la revista Veja.

El año pasado seis ministros de Rousseff renunciaron después que la prensa publicara acusaciones de irregularidades. Los problemas complicaron las relaciones de la presidenta con sus partidos aliados en el Congreso pero demostraron que, a diferencia de Lula, ella no se aferrará a funcionarios bajo sospecha.

El juicio, aunque no tenga revelaciones espectaculares, está siendo presentado como una oportunidad para que al menos la justicia brasileña muestre determinación y avances institucionales.

"Se dice a menudo que no existe castigo en Brasil", dijo el ex presiente Fernando Henrique Cardoso en un video producido por su partido de centro, que es oposición al Partido de los Trabajadores.

"Ahora tenemos un momento importante, un momento para la historia de Brasil, para la construcción de la democracia y de nuestras instituciones", agregó.

Una controversia rodea la Corte antes del inicio del juicio: la presencia del juez José Antonio Dias Toffoli, que antes de incorporarse al tribunal trabajó puntualmente como abogado del Partido de los Trabajadores y para José Dirceu, el ex poderoso jefe de gabinete de Lula y uno de los principales acusados.

Toffoli no ha dicho si planea retirarse del tribunal.

Rousseff se ha mantenido callada sobre el caso, donde sus compañeros de partido son acusados de usar fondos públicos y del Partido de los Trabajadores para comprar votos.

De alguna manera, la ascensión de Rousseff fue el resultado directo del escándalo, después de que las acusaciones obligaron a la renuncia de Dirceu, señalado como el cerebro del esquema de corrupción.

Rousseff asumió el cargo de jefa de gabinete, una especie de primer ministro en Brasil, lo que la catapultó como candidata a la sucesión de Lula.

Tras haber construido su propio capital político, Rousseff, que tenía un nivel de aprobación del 77% en junio, está manteniendo una distancia prudente del juicio.

Aunque sus ex colegas sean procesados es poco probable que el escándalo tenga consecuencias políticas para ella, pues los acusados son hoy considerados parte de una era política ya pasada.

Pero el propio Partido de los Trabajadores, aún la fuerza dominante de la política brasileña, ha estado al ataque. Hasta el día de hoy el partido niega la existencia del esquema de pagos ilegales o el uso ilícito de fondos públicos o del partido.

Jilmar Tatto, el líder del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados, dijo el miércoles que el escándalo era "la mayor creación de marketing político producida en la historia reciente de Brasil".