Río de Janeiro. El segundo testigo presentado el sábado por la defensa de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, en el juicio al que se enfrenta por supuestas irregularidades políticas, Ricardo Lodi Ribeiro negó que la mandataria haya cometido un "crimen de responsabilidad", tal y como denuncia la oposición.

En su comparecencia en el Senado, el profesor de derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) dijo que "un juicio político no puede motivar la apertura de un proceso de impeachment".

Según Lodi Ribeiro, las llamadas "pedaladas fiscales", uno de los delitos que se le acusa a Rousseff, no eran consideradas irregulares en 2015, y que los atrasos en los pagos del gobierno a los bancos públicos y operaciones de crédito fueron "una construcción creada después de los hechos supuestamente practicados" por Rousseff.

"No hay crimen antes de existir una norma que prevalga. Lo que se hace en este proceso de impeachment es crear un crimen tras otro", dijo el profesor, que declaró como informante, por lo cual no puede ser usado como prueba en el juicio.

Antes de él, declaró el exministro de Hacienda de Brasil Nelson Barbosa, quien dijo que los actos de la mandataria cuestionados por la acusación fueron legales.

El viernes pasado declararon, por la defensa, el economista Luiz Gonzaga Belluzzo, el profesor de derecho Geraldo Prado y el exsecretario ejecutivo del Ministerio de Educación Luiz Claudio Costa.

La gran expectativa está en los trabajos del lunes 29, cuando rinda testimonio Rousseff, quien declarará acompañada por una comitiva de más de 30 colaboradores, entre ellos 18 exministros, y con la presencia de su mentor político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El pasado 12 de mayo, la mandataria fue apartada provisionalmente, por 180 días, del ejercicio de la presidencia y en su lugar asumió funciones el vicepresidente Michel Temer del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

En caso de que la presidenta sea destituida definitivamente, Temer completará el mandato hasta fines de 2018 y Rousseff no podrá ejercer la función pública por un período de ocho años.

En el juicio político serán necesarios los votos de dos tercios del total de 81 senadores (54 votos) para que se apruebe la destitución definitiva de la mandataria.

Si sus adversarios políticos no suman ese número de votos, Rousseff será absuelta, retomará la presidencia inmediatamente y el proceso será archivado.