Con el voto unánime de los 66 senadores presentes en la sala, incluida la misma expresidenta Cristina Fernández, el Senado de Argentina autorizó este miércoles (22.08.2018) a la Justicia el allanamiento de las casas de la exmandataria, que está  imputada en una causa en la que se investigan millonarios sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios de los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Fernández votó a favor de la medida solicitada por el juez federal Claudio Bonadio, pese a que momentos antes negó todas las sospechas en su contra. "No me arrepiento de nada de lo que hice", aseguró durante su discurso ante el pleno de la Cámara Alta. "Si me meten presa, la Argentina no será un país más gobernable", advirtió. Y en referencia a exmiembros del Gobierno y empresarios que han declarado que hubo corrupción, se preguntó "¿ustedes creen que dicen la verdad?”.

Este visto bueno de la Cámara llega después de que este martes la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) trasladara a sus compañeros que no tiene "ningún inconveniente" en que autoricen los registros, con el fin de "terminar" con el "show montado" alrededor de unos "allanamientos sin fundamentos" cuyo objetivo sería ocultar la crisis económica que sufre el país, según cercanos a Fernández.

"Hostigamiento permanente”. La senadora había puesto como condiciones que no hubiera registros gráficos de los operativos y que estuvieran presentes sus abogados y un senador designado por ella, así como que se resguarden sus objetos de uso personal y los que conforman el ajuar de las casas. Sin embargo, no se prevé que Bonadio acepte estas peticiones, que la exjefa de Estado defendió por estar sufriendo una "manipulación descarada, humillante y grosera" de "hostigamiento permanente".

El martes, la expresidenta adelantó que aceptaría la decisión de la Cámara de Senadores. Durante la sesión, Fernández dijo que hay una persecución judicial en su contra y que el juez en su causa no es imparcial.

La senadora está protegida por los fueros parlamentarios, por lo que el juez debió solicitar autorización a la Cámara Alta para revisar las propiedades de la exmandataria en el marco de la causa que investiga si lideró una supuesta asociación ilícita que cobró sobornos a empresarios a cambio de contratos de obras públicas u otros negocios. Las dos sesiones que habían sido convocadas en las últimas dos semanas habían fracasado por falta de quórum.

Al momento de la votación, que se produjo tras casi siete horas de debate, multitud de seguidores de la exmandataria ya se congregaban a las puertas de su apartamento de la capital, a la espera de que comience el operativo de Bonadio.

Arrepentidos. La Justicia busca determinar si Fernández, actualmente senadora, lideró una amplia red de corrupción que involucró a políticos y empresarios durante sus dos gestiones (2007-2015), que siguieron a la de su difunto marido, Néstor Kirchner (2003-2007).

El escándalo estalló este mes por las copias de cuadernos con anotaciones que llevaba el chofer de uno de los acusados, en los que detallaba supuestos pagos que empresas de la construcción realizaban para ser favorecidas en contratos con el Estado.

Ejecutivos de importantes empresas y exfuncionarios han declarado recientemente como "arrepentidos" para obtener beneficios judiciales. Varios testigos han señalado a Kirchner y a Fernández como líderes del esquema.

El martes, la expresidenta adelantó que aceptaría la decisión de la Cámara de Senadores. Durante la sesión, Fernández dijo que hay una persecución judicial en su contra y que el juez en su causa no es imparcial.

"Hay una manipulación descarada, humillante, de hostigamiento permanente hacia mi persona. Si creen que con esto van a hacer que cambie mis ideas o que vote lo que ustedes quieran o que me calle la boca, y no", dijo Fernández a los senadores.

* Con información de DW y Reuters.