Montevideo. El Senado de Uruguay votó este martes un proyecto de ley que permite la investigación de delitos cometidos durante la última dictadura y los declara de lesa humanidad, lo que evitará que prescriban en noviembre.

Tras 10 horas de debate, la iniciativa se aprobó por 16 votos contra 15, con el apoyo único de los legisladores de la coalición de gobierno, Frente Amplio, que promovió la propuesta.

Está previsto que la Cámara de Representantes apruebe el miércoles la ley, que permitiría que los ex militares que cometieron delitos durante la dictadura de 1973 a 1985 sean juzgados pese a la vigente Ley de Caducidad de 1986.

Una fuente judicial de alto rango dijo a Reuters que esta normativa no aboliría, pero sí limitaría, la aplicación de dicha ley de amnistía.

De este modo, Uruguay estaría dando cumplimiento a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideró que la Ley de Caducidad es inconstitucional y que precisó que no se puede limitar la investigación de violaciones a los derechos humanos.

El proyecto establece además que las infracciones no serán consideradas como delitos comunes, por lo cual no podrán prescribir en noviembre, como asentó un fallo de la Suprema Corte de Justicia en mayo al dictar sentencia sobre la condena a dos militares por 28 homicidios cometidos.

Por su parte, los militares retirados anunciaron el martes que denunciarán los delitos cometidos por 34 ex guerrilleros durante la dictadura, incluyendo casos de secuestro y homicidio.

La oposición uruguaya no acompañó la iniciativa votada el martes en el Senado y tampoco lo hará en la Cámara de Representantes por considerar que se está yendo en contra de la voluntad de la ciudadanía respecto a la Ley de Caducidad.

En 1989 y 2009 se realizaron dos consultas populares donde la mayoría votó por no derogar dicha normativa, pese a los reclamos de organizaciones a favor de los derechos humanos y de familiares de detenidos-desaparecidos.

"Seguimos violando una y otra vez la Constitución y desconociendo pronunciamientos populares por vía oblicua", sostuvo el legislador del centroderechista Partido Nacional, Jorge Saravia.

"Tenemos que hacer algo y ser proactivos", dijo durante el debate el senador oficialista Rafael Michelini, hijo de un legislador asesinado en 1976 en Buenos Aires.

Y agregó: "Es una decisión política complicada, difícil, pero que va en la dirección de la contención de las víctimas".

El Frente Amplio intentó en mayo derogar la polémica ley, pero la votación no prosperó ya que un diputado oficialista, disconforme con la propuesta, se retiró de sala evitando que se alcanzaran los votos para su aprobación.

El presidente José Mujica, un ex guerrillero que estuvo en prisión durante más de una década, confió entonces en que la ley sería abolida en el futuro.

Alrededor de 200 personas murieron y miles sufrieron torturas y abusos a manos de los militares durante la dictadura, en tanto otros debieron exiliarse.