Madrid.  El jurista costarricense, que se hizo cargo hace 14 meses de este organismo dependiente de la ONU, cree que el haberse acercado a este nudo causante de la impunidad es el balance más valioso del trabajo realizado por la Cicig en los más de cuatro años que lleva en el país.

"Creo que estamos dando en el nudo de la impunidad en Guatemala, y es un poder judicial que tiene que ser depurado y tiene que ser objeto de una reingeniería para convertirlo en un poder judicial democrático y acorde a lo que es aceptable en un estado de derecho, con jueces independientes, porque actualmente dependen de la clase política", asegura Dall'Anese.

"Lo primordial es la depuración judicial -insiste- porque la Cicig puede estar mil años en Guatemala, pero incluso en estos momentos, que hay una fiscal general valiente y trabajadora, Claudia Paz y Paz, si hay jueces corruptos subordinados indignamente a la corrupción y al crimen organizado, Guatemala no va a salir del bache".

En opinión de este jurista costarricense, ha habido dos etapas importantes en la vida de la Cicig: "una de un gran valor, cuando estuvo al frente el fiscal español Carlos Castresana, quien logró demostrar de alguna manera que el trabajo se puede hacer y que la ciudadanía tiene derecho a una justicia de calidad", señala.

En esa etapa se iniciaron casos importantes, y fue después, ya con DallAnese, cuando culminaron en los tribunales, "y lo que hemos encontrado es una judicatura corrupta, abiertamente en algunas áreas, aunque quisiera destacar también que hay jueces muy honrados y valientes, no podemos generalizar", aclara.

Entre los ejemplos de la corrupción judicial, el comisionado destaca el caso contra el ex presidente Alfonso Portillo.

"Dos juezas que hicieron mayoría absolutoria utilizaron argumentos por los cuales las hubieran reprobado en cualquier escuela de derecho del planeta, como decir que una auditoría forense no tiene validez porque los auditores no vieron la justificación de gastos", recuerda DallAnese.

Y aclara que "obviamente no la vieron porque se habían robado la plata. La consigna era absolver o absolver", asegura el responsable de la Cicig, que asiste en Madrid a unas jornadas sobre la lucha contra la corrupción y la cooperación jurídica internacional en Europa e Iberoamérica.

También dice haber encontrado casos con jueces que "se toman la libertad de hacer audiencias privadas con la defensa y con los acusados y luego los ponen en libertad sin que el ministerio público ni la CICIG tengamos información clara y transparente de qué fue lo que hablaron".

Y "cuando hemos pegado el grito al cielo la Corte Suprema de Justicia ha salido en apoyo de estos jueces, un contrasentido para una corte suprema que ha anunciado un programa de transparencia y tolerancia 0 con la corrupción", insiste.

Dall'Anese, que sustituyó al frente de la Cigig al fiscal español Carlos Castresana -quien renunció en junio de 2010 tras recibir amenazas de muerte y ser objeto de una campaña de desprestigio-, cree que la razón de esa renuncia "habla bien de Castresana".

"Cuando un fiscal es atacado o está en situación de riesgo es porque está trabajando. Si de un fiscal los malos no hablan mal es porque algo no anda bien. Por eso creo que la situación de Castresana fue muy lógica. El llegó a un punto donde había tocado los núcleos duros de algunos grupos que hay que tocar".

En esa misma dirección, el jurista costarricense denuncia que la fiscal general de Guatemala está sufriendo las mismas amenazas y presiones que Castresana, por su clara actuación para castigar a los culpables del genocidio cometido en el país durante los años de guerra, entre 1960 y 1996.

"Ya hay voces del pasado que la quieren destituir porque ya tiene presos a sospechosos del genocidio, militares de alto rango en su momento, y le está pasando lo mismo que a Carlos Castresano, se toca un núcleo duro de criminalidad y se comienza a atacar al fiscal, eso habla bien de su trabajo", afirma.

Sobre el futuro de la Cigig, denuncia que "desde la judicatura se están dando una serie de fallos y manifestaciones públicas para que se vaya de Guatemala, porque los jueces no van a tolerar que se les levanten las enaguas y que se vea que hay un alto grado de corrupción en el poder judicial".