La Paz. Amenazas de división afloraron este miércoles en el históricamente unitario movimiento sindical boliviano, al día siguiente de que la central obrera nacional pusiera fin a una huelga general y a una marcha de 200 kilómetros iniciada el lunes por demandas salariales.

Las efímeras protestas sindicales no lograron modificar sustancialmente la austera política salarial del gobierno izquierdista de Evo Morales, que resolvió además un conflicto en la región productora de coca de Yungas, donde un bloqueo de una carretera dejó al menos dos manifestantes muertos.

La marcha por el altiplano hacia La Paz y la huelga fueron suspendidas por la Central Obrera Boliviana (COB) en la tarde del martes, tras firmar un convenio con el gobierno que atiende parcialmente sus demandas de aumento salarial y otros beneficios.

La decisión, apoyada por la mayoría de los sindicatos, especialmente los mineros, fue resistida por fabriles y maestros urbanos, que dijeron que seguirán sus protestas por separado, los primeros con una huelga de hambre de dirigentes y los segundos con un paro que se cumplía a medias en tres ciudades.

"No estuvimos de acuerdo con la suspensión de la marcha y la huelga y por eso los fabriles seguiremos nuestra propia lucha, los mineros nos han traicionado", dijo este miércoles el líder de la Confederación Nacional de Fabriles, Angel Asturizaga.

Más contundente, el principal dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Alvarez, afirmó que los docentes rechazaban "un pacto que la COB no concertó con todos los sectores", y anunció movilizaciones "para cambiar en un próximo congreso nacional la cúpula que se vendió al gobierno".

El minero Pedro Montes, secretario ejecutivo de la COB, dijo que esperaba que el acuerdo será finalmente aceptado por todos los sindicatos, "porque es todo lo que se podía obtener en las actuales circunstancias".

"Y a los que piden mi renuncia les digo que no me aferro al cargo, pero sólo un congreso nacional de trabajadores puede reemplazarme", agregó.

La COB es la única central sindical boliviana a la que están afiliados no sólo sindicatos sino también federaciones de campesinos, artesanos y estudiantes, y está dirigida por los mineros desde su fundación hace casi 60 años.

El convenio firmado, que había sido negociado el fin de semana antes del inicio de las protestas, ratificó un aumento salarial general del 5%, con mayor incremento para los sueldos más bajos, y formalizó un ofrecimiento gubernamental de bajar la edad de jubilación a 58 años, desde los 65 actuales.

Adicionalmente, los mineros podrían jubilarse inclusive a los 51 años, por calificación de méritos especiales.

Morales satisfecho. Al saludar el fin de los conflictos, el presidente y también sindicalista Morales dijo en la ciudad central de Cochabamba que creía que las protestas no tuvieron fuerza porque los trabajadores actuaron con "racionalidad" y "en defensa del proceso de cambio".

"No hubo huelga, sólo un grupo que por diferencias ideológicas trata de perjudicar (...), por eso mi pedido es racionalidad, tenemos autoridad moral (porque) como presidente y como gobierno aplicamos austeridad", dijo el mandatario, recordando que él congeló su salario tras rebajarlo a poco más de US$2.000 mensuales hace cuatro años.

En una declaración paralela, el vicepresidente Alvaro García reconoció el papel decisivo de los sindicatos mineros para el fin de las protestas, que fueron el mayor desafío sindical a un gobierno que lleva adelante un programa de nacionalizaciones sin precedentes.

"Saludamos el espíritu revolucionario de los trabajadores mineros, que son la vanguardia del movimiento obrero boliviano y han sabido reconocer los avances que vamos logrando", dijo García en una conferencia de prensa.

El gobierno celebraba también un acuerdo -negociado personalmente por Morales- que resolvió el martes un enfrentamiento entre sindicatos campesinos que bloquearon una carretera troncal en la provincia cocalera de Caranavi por el emplazamiento de una futura industria procesadora de cítricos.

Morales accedió a instalar dos plantas de cítricos en la región y garantizó una investigación de una operación policial de desbloqueo, que dejó dos muertos el pasado fin de semana.