Madrid. Los principales sindicatos de España convocaron el sábado a marchas en todo el país para el 19 de febrero contra una reforma laboral que describieron como "despido libre", aunque no llamaron a una huelga general pese a que consideran las medidas del Gobierno demasiado severas.

España recortó el viernes los pagos por despido injustificado de sus trabajadores y redujo los derechos de negociación colectiva, dando más incentivos a los empleadores mientras intenta reactivar su moribundo mercado laboral y aliviar una de las mayores tasas de desempleo de Europa.

El Gobierno de centroderecha dijo que aboliría los contratos que permiten paquetes de despido improcedente con 45 días de pago por cada año trabajado, un reclamo común visto en las cortes del país sobre casos de derechos laborales.

En lugar de esto, los empleados que despiden a su personal deberán ofrecer 33 días de salario por año trabajado, o 20 días si la empresa encara pérdidas por un periodo sostenido.

"Podríamos quedar muy bien, sólo con nosotros mismos, si ahora mismo anunciáramos una convocatoria de huelga general (...) pero no, vamos a trabajar con la gente, vamos a discutir con la ciudadanía", dijo el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, en una rueda de prensa.

"Podríamos quedar muy bien, sólo con nosotros mismos, si ahora mismo anunciáramos una convocatoria de huelga general (...) pero no, vamos a trabajar con la gente, vamos a discutir con la ciudadanía", dijo el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo.

Ante la reforma, los sindicatos dijeron que promoverán movilizaciones de forma "ascendiente y creciente" para intentar que el Gobierno cambie el proyecto en su trámite parlamentario.

"Hay temor a la pérdida del puesto de trabajo. Hay que hacer un esfuerzo para explicarle a la gente que hay otra forma de hacer las cosas (...) Hay que motivar a la ciudadanía", dijo, agregando que su organización quiere convertir las calles en un "clamor contra la reforma".

La medida del Gobierno disminuyó el pago por despido en un equivalente a dos años de salarios y permitirá a los empleadores pasar por alto los acuerdos de sueldo negociados en el país en periodos de crisis. Aquellos acuerdos de negociación colectiva a menudo están vinculados a los índices de inflación.

La reforma laboral es considerada clave en los esfuerzos de España por persuadir a los mercados de que puede recortar su déficit presupuestario e impulsar la competitividad de su frágil economía. El desempleo se ubica en un 23% y la mitad de los jóvenes activos en el país se encuentra sin trabajo.

Los sindicatos consideran que la reforma laboral profundizará la recesión económica y hará que España alcance los 6 millones de desempleados.

Explicaron además que en un momento de crisis como el actual, con abruptas caídas de los resultados empresariales, la reforma permitirá que las empresas despidan más fácilmente a sus empleados con una indemnización de 20 días, alegando únicamente tres trimestres consecutivos con caídas de ingresos o ventas.

Las organizaciones sindicales y empresariales fueron convocadas el lunes por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para recibir un reporte de los contenidos de la reforma.