Tegucigalpa. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) demandó al gobierno y al ministerio Público (MP) esclarecer los crímenes cometidos en contra de nueve periodistas.

Lo anterior se plasma en una declaración emitida por este organismo en una reciente reunión celebrada en San Diego, Estados Unidos.

En 2010 fueron asesinados nueve periodistas en el país, la SIP lamenta que los móviles de dichas muertes aún no han sido esclarecidos por las autoridades policiales o por el MP, dentro de sus respectivas competencias.

Advierte que la falta de judicialización y condena de los responsables de estos delitos fomenta la percepción de impunidad, lo cual es contrario a los intereses de la libertad de expresión y de prensa, así como a los principios de la Declaración de Chapultepec.

Por tanto, la SIP resolvió "demandar al presidente Porfirio Lobo Sosa y al fiscal general Luis Alberto Rubí la culminación de las investigaciones y demás acciones conducentes a establecer los móviles de los crímenes contra periodistas y el cumplimiento al compromiso adquirido con la Comisión Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".

Intimidación a Teleunsa. En la misma declaración, la SIP expone que el grupo televisivo Teleunsa denunció ser víctima de permanentes atropellos de parte del gobierno de Honduras en el uso de las frecuencias de televisión que este le asignó para el funcionamiento de los canales 8 y 12, incluyendo la confiscación del primero para trasladarlo al gobierno.

Según consigna el quinto principio de la Declaración de Chapultepec: "La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa".

El ejercicio de la libertad de expresión y de prensa no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo.

Por consiguiente, la SIP resolvió "exigir al gobierno de Honduras el cese inmediato de toda acción de intimidación, interferencia o cualquier otro acto que obstaculice el libre flujo de información o el desarrollo de la actividad periodística del grupo televisivo Teleunsa, sus socios, directores o empleados".

Asimismo, incitó a la Corte Suprema de Justicia que emita pronta resolución en las acciones judiciales promovidas por Teleunsa con relación a la confiscación de la frecuencia del canal 8 de televisión y su asignación al gobierno.