Los cuestionamientos del gobierno de Rafael Correa a las caricaturas de Xavier Bonilla (Bonil) o a las burlas del comediante John Oliver, así como el cierre de la cuenta de Crudo Ecuador en Facebook y las suspensiones de otras de opositores en Twitter, serían nuevos síntomas del estatus de la libertad de expresión en Ecuador.

“De un lado, la sociedad que aboga por el libre ejercicio de la palabra y hasta del humor, y por el otro, el oficialismo, con una campaña que busca silenciar y desprestigiar ya no solo a los medios de comunicación sino a quien ejerce opinión o creen, según esa visión, que hacen oposición”, señala el informe preliminar de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), divulgado con motivo de la Reunión de Medio Año, que se realiza en Panamá desde el viernes pasado y que termina este lunes.

Según el reporte, la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y el Consejo de Comunicación (Cordicom) ecuatorianos han dispuesto a los medios: cinco amonestaciones, ocho multas, cutro rectificaciones, cuatro réplicas obligatorias, cuatro disculpas obligadas, siete amonestaciones escritas, dos suspensiones de frecuencias radiales y tres réplicas.

De 37 medidas disciplinarias impuestas en los últimos cinco meses, 16 fueron para estaciones radiales, once para la prensa escrita, ocho para canales de televisión, una para un caricaturista y una para un alcalde.

En el informe cita, por ejemplo, la salida del aire de los programas “La pareja feliz” y “Vivos” y la sanción por “linchamiento mediático” pedida por el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Chiriboga.

Crudo Ecuador y John Oliver. Del mismo modo, registra el eco internacional de los conflictos del comediante John Oliver y de Crudo Ecuador con Correa. “El silenciamiento del humor tuvo su corolario con la salida del aire de la página de Facebook Crudo Ecuador el 19 de febrero”, luego de que su administrador denunció haber recibido amenazas en contra de su vida y de su familia.

Además, el informe describe que “cuatro cuentas de tuiteros activistas críticos al régimen fueron cerradas por pedido de la empresa española Ares Rights, la misma que en ocasiones anteriores a nombre del canal público EcuadorTV, ha logrado bajar de YouTube videos incómodos para el gobierno”.

La SIP, no obstante, recoge las versiones del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, y del secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, sobre la posibilidad de regular, por ejemplo, el anonimato en las redes sociales.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, aprovechó el caso de Ecuador para señalar que “en varios países se está legitimando la censura” y, en este caso, por el uso de la Ley de Comunicación para censurar y sancionar.