Tras una reunión de coordinación, que incluyó al Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pablo Talavera, del CNM, explicó que la idea es dar un mensaje a la ciudadanía de un compromiso institucional en el desarrollo de sus funciones.
El sistema de justicia, formado por el Poder Judicial, Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), asumió el compromiso de actuar con mayor eficiencia y rigurosidad frente al tema de la seguridad ciudadana.
Tras una reunión de coordinación, que incluyó al Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pablo Talavera, del CNM, explicó que la idea es dar un mensaje a la ciudadanía de un compromiso institucional en el desarrollo de sus funciones.
"Queremos pasar de las palabras a los hechos en función del principio del consenso y la coordinación de las instituciones del sistema de justicia y, además, porque el problema de la inseguridad ciudadana es de todos", expresó.
Este compromiso, añadió, no solo significa estar en mejores posibilidades de enfrentar la delincuencia, sino también generar canales de comunicación con la ciudadanía para recibir sus reclamos, quejas y denuncias.
Asimismo, se ha previsto llevar a cabo la capacitación de jueces, fiscales, abogados y policías, al coincidir en que ello permitirá una actuación más homogénea y acorde a los fines de lo que se pretende aplicar.
"Queremos el fortalecimiento de las instituciones, que la delincuencia retroceda pero para ello necesitamos que todas las instituciones, magistrados, abogados, medios de comunicación y población se sumen", dijo.
Rechazan justicia popular
Por su parte, Víctor Ticona, presidente del Poder Judicial, sostuvo que existe una posición firme frente a la inseguridad ciudadana y, a su vez, de rechazo total a la convocatoria de la justicia popular.
"Y como contrapartida a este rechazo está nuestro compromiso y el de los jueces de tener un sistema judicial más eficaz y oportuno que de respuesta efectiva inmediata frente al tema", indicó a la prensa.
Sobre ese punto, recordó que en Tumbes se aplica un plan piloto para delitos flagrantes, que se implementó el 1 de agosto y que ha permitido, por ejemplo, tener una sentencia en una hora y 40 minutos para un caso de conducción bajo los efectos del alcohol.
Esta experiencia, dijo, toma como base el Decreto Legislativo 1194, con el cual, afirmó, el Poder Judicial puede estar a la vanguardia y dar una respuesta efectiva y oportuna frente a la delincuencia común, dándole tratamiento especial a los delitos flagrantes.
A su turno, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, refirió que a iniciativa de la Fiscalía de Arequipa no se va a esperar la entrada en vigencia de las normas penales sobre flagrancia, que está prevista en unos 90 días.
"Hemos dado el consentimiento para que se aplique con las directivas necesarias que a ello corresponde", afirmó al reiterar que existe la mayor voluntad de trabajar de manera interinstitucional en el sistema de justicia.
También hizo hincapié sobre el presupuesto que se requiere para contar con más fiscales y apoyo logístico, por lo que hizo un llamado a fin de que se les haga llegar un mayor monto a través de un crédito suplementario.
En la cita acudió, como titular del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, quien coincidió en el compromiso de los abogados de trabajar por disminuir la inseguridad ciudadana.
En otros puntos se acordó, además, solicitar al Congreso poner a debate y se apruebe la Ley de Carrera Fiscal, la Ley Orgánica del CNM y las modificaciones a la Ley de la Carrera Judicial. La próxima cita de coordinación será el 21 de setiembre en la sede del Poder Judicial.
