La resistencia iraquí lo apoda Al-Shaitan (El Diablo) y su cabeza tiene una recompensa de US$ 80.000. En EE.UU. fue condecorado como héroe y los diarios lo han llamado el “francotirador más letal de América”. De manera oficial mató a 150 personas en misiones con los cuerpos de elite del ejército de EE.UU., aunque el oficial tejano presume que fueron 255 “salvajes”. Antes de ser militar se desempeñó como jinete de rodeo y, tras ser dado de baja con todos los honores, fundó Craft International, una empresa dedicada a dar servicios militares y de seguridad privada especializada en el entrenamiento de francotiradores. Su nombre es Chief Chris Kyle, y su empresa forma parte de la nueva tendencia mundial de tercerización de los servicios militares.

La historia no es nueva. En 1997 Erik Prince, un ex Seal (al igual que Kyle) heredero de una gran fortuna y proveniente de una familia cercana al Partido Republicano, fundó un campo de entrenamiento especializado para unidades policiales y militares, que contaba con un amplísimo listado de personal con la experiencia y las habilidades para entrenar a quien lo solicitara. La empresa se llamó Blackwater (hoy XE Services) y su historia fue tan pantanosa como los terrenos de Carolina del Norte donde se encuentra ubicada. Con la invasión de Irak, Prince recibió grandes contratos e incluso se le llegó a considerar el ejército privado más grande del mundo.

“Cinco contratistas de Blackwater estuvieron involucrados en una masacre de Nisour Square, donde hubo 17 muertos entre mujeres y niños, pero no han podido encarcelarlos”, comenta José Luis Gómez del Prado, miembro del grupo de trabajo de las Naciones Unidas contra el uso de mercenarios. “También estuvieron los casos de tortura en la cárcel de Abu Ghraib y tampoco se ha llevado a ninguno a juicio, mientras que a los militares involucrados sí se les castigó”.

¿La razón? Muchos de estos contratistas contaron con inmunidad diplomática. Además, ¿dónde juzgarlos? ¿En el país donde se cometieron los crímenes de guerra, en aquel donde fueron contratados o aquel de donde provienen? Por si fuera poco, en materia de violación de Derechos Humanos no tienen responsabilidad, pues para esos casos sólo son imputables los Estados y sus funcionarios.

Los especialistas señalan que el outsourcing militar nació el día en que Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa de EE.UU., denunció a “la burocracia del Pentágno” como un enemigo que “crea problemas y pone en peligro la vida de hombres y mujeres por igual”. Era el 10 de septiembre de 2001.

El outsourcing militar ha seguido durante el gobierno de Obama, quien anunció fuertes recortes al presupuesto de Defensa y un “ejército más pequeño”.

“En el primer mundo la privatización del sector militar se entiende más bien como un instrumento para reducir gastos con el fin de estabilizar sus presupuestos para la educación y las tareas sociales”, explica Rolf Uesseler en su libro La Guerra como Negocio, aunque también aclara que existe la posibilidad de que algunos ejércitos planeen aumentar su influencia con menos recursos.

Para Doug Brooks, director del International Pace Operation Association (IPOA), un grupo de cabildeo a favor de las empresas militares privadas, “los gobiernos y los militares no están diseñados para ser costo-efectivos, están diseñados para ser efectivos y el costo es secundario. En el caso de los contratistas, todo se basa en la competitividad”.

Brooks asegura que estas empresas de seguridad no sustituyen a un soldado, pues su labor es pasiva y preventiva. “La mayor parte se dedica a la logística, construcción y actividades de apoyo”, dice.

Hay empresas que se dedican al espionaje, análisis de datos, entrenamiento, venta y traslado de armas, catering e incluso servicios médicos. “Cuando un gobierno decide realizar una operación internacional ellos sólo disponen de un número limitado de capacidades”, dice Brooks. ¿Llevar a un ingeniero estadounidense? Muy caro. En India, Filipinas o en México los hay muy buenos y más baratos.

Gómez del Prado precisa que las empresas “contratan a muchos latinoamericanos, chilenos, peruanos. Hace unos meses estuve en Irak y me chocó ver a contratistas peruanos que daban la seguridad a la embajada norteamericana en Bagdad”.

Sudamérica, campo fértil. Es historia antigua y manoseada por los tabloides: la ex candidata presidencial de Colombia Ingrid Betancourt tuvo un romance con Mark Gonsalves, un “contratista” estadounidense que la acompañó durante su largo cautiverio a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Gonsalves y otros tres ex militares estadounidenses realizaban labores de espionaje para el Pentágono vía Northrop Grumman, empresa que, junto a Dyncorp, opera buena parte del Plan Colombia.

Northrop Grumman ocupa el lugar 73 del ránking de la revista Fortune y Dyncorp el 868. Ambas empresas son lo que se conoce como Compañías Militares Privadas (PMC, por sus siglas en inglés), y son las pioneras en el outsoursing militar. James Roche, ex ejecutivo de Northrop Grumman, fue nombrado como secretario de la Fuerza Aérea durante la administración de George W. Bush.

En 2001 la participación de PMC en Colombia salió a la luz pública cuando un helicóptero militar tipo Huey II Dyncorp fue derribado por los guerrilleros de las FARC: en él viajaban cuatro contratistas privados. Dos años después, en agosto de 2003, un avión de “fumigación” fue derribado. En él viajaban Gonsalves y sus colegas.

“Si usted habla con los funcionarios de la Defensa o del Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia, ellos confiesan no tener un conocimiento de cuántas personas son las que trabajan como contratistas”, explica Amanda Benavides, ex presidenta del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios.

Según Benavides, la situación actual de las PMC en América Latina está dividida en cuatro escenarios donde la ONU detectó el incremento constante de las empresas de seguridad. El primero está vinculado a la minería, donde hay un creciente uso de la seguridad privada para la vigilancia de los yacimientos.

El segundo es el uso de seguridad privada para fines internos en los Estados, y el tercer escenario es el uso de contratistas latinoamericanos en conflictos lejos de sus países. “Muchas veces son llevados como contratistas de seguridad, pero terminan vinculados como contratistas militares”, dice Benavides.

Por último, está el empleo de ex militares en situaciones como el control de cárceles, fronteras, en casos de desastres naturales y acciones humanitarias. “América Latina tiene militares con gran experiencia en misiones de paz, en zonas como África”, dice Brooks.

Tanto Benavides como Gómez del Prado afirman que los Estados latinoamericanos, en especial México, deben construir entramados legales que permitan juzgar los excesos que puedan cometer los contratistas. Gómez del Prado advierte que hay un problema en expansión y que empieza a tocar a México, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el plan Mérida. “Lo están copiando del Plan Colombia y, en aquel país, al igual que en Irak, los contratistas gozan de inmunidad diplomática”.