El presunto asesinato de parte de militares contra 22 civiles en Tlatlaya, evidencia la ausencia de contrapesos institucionales que verifique la veracidad de los dichos de las instituciones de seguridad del país, considera el Cidac en un estudio.

El incidente en Tlatlaya, estado de México, que dejó a 22 civiles presuntamente fusilados por militares, pone en serio entredicho la capacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para fungir como auténtico revisor del desempeño del gobierno en materia de protección a las garantías individuales, de acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (Cidac).

En entrevista, el analista de este think tank, Antonio de la Cueva, señaló que el rol de la CNDH poco se ha destacado para esta investigación: “tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos prácticamente inactiva, pasiva y en un momento dado complaciente”.

CIDAC observa que el caso, ocurrido el 30 de junio, alcanzó la discusión pública mucho tiempo después de ocurrido. Fue a partir de que medios extranjeros se encargaron de documentarlo, recoger testimonios e impulsar el tema.

Incluso el vocero del Departamento de Estado de la Unión Americana, Jeff Ratkhe, instó recientemente a las autoridades mexicanas a investigar los hechos. “Como en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal, creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”, dijo. A partir de este llamado la presunta ejecución cobró notoriedad.

Mientras la información salía a la luz, la CNDH permaneció en silencio y días antes su titular Raúl Plascencia aseguró que el caso Tlatlaya “claramente” se trató de un choque entre militares y delincuentes, y no una ejecución por parte de militaes.

A través de un análisis, el CIDAC sugiere que la ausencia de recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte de esta institución durante el 2014 – información anunciada por el titular del Ejecutivo federal- puede deberse a omisiones de la CNDH para llevar a cabo investigaciones de calidad.

Para este Centro de investigaciones la situación de la CNDH es relevante sobre todo ahora que acaba de expedirse una reforma política que tiene como propósito la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en una fiscalía autónoma y la cual estuvo sustentada con argumentos de que la autonomía es el vehículo necesario para despolitizar la procuración de justicia.

“Cada vez queda más claro que la autonomía no significa nada per se y menos mientras se mantengan los diseños institucionales que privilegian el factor político en la elección de los titulares de los organismos”, agrega.

El análisis del CIDAC se suma a otros pronunciamientos de organismos internacionales, como Amnistia Internacional (AI), que hace unas semanas advirtió que “tenemos graves dudas acerca de la actuación de la CNDH”.

Y es que de acuerdo con el informe de AI sobre la tortura presentado el 3 de septiembre, la CNDH “no suele llevar a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas de todas las quejas que recibe, ni defiende los derechos de las víctimas como debe. De las 7,000 quejas que recibió de 2010 a 2013, sólo emitió recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44 casos”, planteó el informe.

Sin estado de derecho. Asimismo, Antonio de la Cueva advirtió que el caso de Tlatlaya exhibe la inoperancia del Estado de Derecho. “Sólo en un país donde el Estado de Derecho es endeble –o inexistente- se- pueden generarse condiciones que posibiliten llevar a cabo la ejecución de dos decenas de personas con total impunidad”.

Informó que la Sedena ha capacitado a gran parte de su personal en el manejo de los derechos humanos, sin embargo para CIDAC el caso de Tlatlaya evidencia la ausencia de contrapesos institucionales enfocados en verificar la veracidad de los dichos de las instituciones encargadas de preservar la seguridad.

Antonio de la Cueva concluye que resta esperar a las investigaciones de la PGR para comprobar si la muerte de los 22 jóvenes fue producto de un enfrentamiento o una matanza, así como si habrá castigo por ello.

Sobre este tema, la investigadora de la Fundación InSight Crime, Kyra Gurney, expuso en un análisis que el arresto de ocho militares por su participación en el incidente en Tlatlaya alimenta las sospechas de que el supuesto enfrentamiento con presuntos criminales realmente pudo haber sido una masacre, aunque aún es un misterio lo ocurrido aquel día.

Gurney recuerda que testigos han puesto en duda la versión oficial de los hechos que señala que una patrulla del Ejército se topó con un grupo de hombres armados que custodiaban una bodega en el municipio mexiquense, quienes dispararon en contra de los soldados. Mataron a una mujer y 21 hombres sin registrar baja alguna de los elementos castrenses.

En reportes periodísticos testigos afirmaron que los individuos de la bodega se rindieron y luego el Ejército abrió fuego.

No se sabe qué ocurrió pero una posibilidad es que los militares hayan reaccionado de manera exagerada y que este sea un caso de uso de fuerza excesiva; pero también es probable que haya ocurrido algo mucho más siniestro, toda vez que en el pasado funcionarios militares han sido acusados de tener vínculos con grupos del crimen organizado, dice Kyra Gurney.

La excepción: Osorio. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que si la investigación de la PGR en el caso Tlatlaya encuentra responsabilidades de elementos del Ejército mexicano por el asesinato en junio pasado de 22 personas, será un caso aislado que no debe poner –dijo- en juicio el comportamiento de las Fuerzas Armadas.

“Si sucediera que hay algo que señalar respecto a la actuación de este grupo de miembros del Ejército nacional, será la excepción, porque tenemos un gran Ejército y por eso tenemos que trabajar para que si suceden este tipo de cuestiones se pueda observar que es sólo una acción aislada y no el comportamiento de nuestro gran Ejército y de la Marina Armada de México”, dijo Osorio el viernes en la Cámara de Diputados.