La experiencia de una Guatemala en medio de una protesta social que demanda la salida del presidente Otto Pérez demuestra a gobiernos como el de México y los de América Latina que las altas esferas políticas no son intocables y que la justicia puede ser impartida, de acuerdo con expertos.

La administración de Otto Pérez se encuentra cada vez más debilitada a raíz de una investigación emanada de un ente independiente e internacional que lo vinculó con un supuesto fraude fiscal.

Consultada por El Economista, la especialista de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adriana Beltrán, relata que la propuesta para crear en Guatemala la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) provino de la sociedad civil en un momento en que las instituciones —principalmente de seguridad— estaban siendo cooptadas por redes de corrupción y criminalidad.

Ante tal situación, explica, se hicieron apoyar por organismos internacionales para tratar de rescatar la institucionalidad en el país. En el 2007, a solicitud del gobierno, se creó la CICIG, coordinada por las Naciones Unidas, la cual goza con independencia para investigar y tiene el mandato de fortalecer las instituciones de justicia y seguridad.

Para la investigadora de WOLA, el mandato de una comisión de esta envergadura depende de la situación de cada país. En este sentido coincidió el secretario general de la Coordinadora de ONG y Cooperativas de Guatemala (Congcoop), Helmer Velásquez, al exponer que este modelo podría ser replicado en otros países como México, con sus propias prioridades y características.

De ahí que, detalló, un mecanismo como el CICIG requiere de cuatro elementos fundamentales: una sociedad civil organizada dispuesta a trabajar en conjunto para impulsar un instrumento de esta clase; medios de comunicación independientes; el trabajo fuerte de los organismos multilaterales y aliados en el gobierno.

A la par, es necesario tener en claro ¿cuál es el resorte que impulsará a una Comisión como la existente en Guatemala? En el país vecino del sur, el impulso original para la CICIG no estaba directamente vinculado con los casos de corrupción que llevaron a la detención de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y al escrutinio del mandatario, sino la motivación inicial fue investigar al aparato clandestino enraizado en el Estado.

A su vez, el caso de Guatemala deja ver a la comunidad latinoamericana que “los casos de corrupción a gran escala no pueden existir si no es con la complicidad de la propia autoridad del Estado”, dijo.

Asimismo, deja claro que el sistema de partidos políticos —en particular el financiamiento a las campañas— está estrechamente vinculado a un sistema de cohecho.

Velásquez abundó en que los hechos recientes en su país demuestran que en toda la región hay un alto nivel de debilidad institucional.

Los resultados que hasta el momento ha dado la CICIG demuestran a las naciones vecinas que “el sistema de justicia se puede fortalecer, es posible llevar a los tribunales a los intocables y la justicia puede ser impartida”, como lo está siendo en el caso de Guatemala, observó la investigadora de WOLA, Adriana Beltrán.
Vega casillas

El ex secretario de la Función Pública y actual senador, Salvador Vega Casillas, dijo que una investigación profesional por conflicto de interés debe ser por parte de una autoridad que mantenga independencia del poder. Incluso, indicó que la reforma anticorrupción aprobada por el Congreso podría no rendir los resultados esperados, en virtud de que se creó una Fiscalía Anticorrupción que estará dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, lo que no garantiza esa independencia.

“Hay que tener independencia de las autoridades que se están investigando, y sobre todo ampliar los periodos (de prescripción del delito). Las facultades que deben tener las autoridades para investigar todo. Por más que se tenga independencia y disposición, si las autoridades no tienen toda la información, prácticamente un caso (de corrupción se castigará)”, aseguró.

“Lo principal es que hay una independencia del Ejecutivo, con las autoridades que investigan la corrupción, ése el punto clave”, añadió.