La organización civil México Justo anunció que impulsará a través de los nuevos legisladores que están por ingresar el próximo 1 de septiembre una reforma para fiscalizar al Poder Judicial y analizar su eficacia.

En conferencia de prensa este miércoles, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del Consejo de Administración de México Justo A.C, presentó los resultados del estudio Análisis del Presupuesto y Gasto Público del Poder Judicial de la Federación, en donde afirmó que de los tres poderes de la Unión, el Poder Judicial es que el que “peor” gasta los recursos públicos.

“El Poder Judicial de la Federación, (es) la Institución con menos transparencia en el ejercicio presupuestal. Ha ofertado al próximo gobierno la reducción de tan solo 5.000 millones de pesos (US$264 millones) a su gasto público para el ejercicio 2019, sin compromiso alguno para reducir los sueldos y prestaciones sobredimensionadas de los Ministros”, se precisa en el documento.

El presupuesto del Poder Judicial de la Federación es equivalente a 71.366 millones de pesos (US$3.769,3 millones), se señala, lo que es equivalente a 0,3 % del Producto Interno Bruto del país.

“La evolución del gasto público del Poder Judicial en este siglo se ha incrementado en términos per cápita por cada mexicano en 507%; si consideramos el presupuesto del año 2000 éste representó 94,11 pesos (US$5), comparado contra el presupuesto 2018, que representa 572.013 pesos (US$30.211)”, indica el informe.    

Asimismo, el estudio puntualiza que la efectividad del Poder Judicial es acotada y selectiva ya que, por ejemplo, un ciudadano que se dedica a la política recibe justicia, en un caso que involucre asuntos penales, en un promedio de 81 días, mientras que para ciudadano de a píe se resuelve en tribunales y juzgados un caso en el mismo rubro hasta en 397 días.

Ante este panorama Pérez Góngora refirió que en la reforma que se busca sea discutida entre septiembre y diciembre próximo en el Congreso de la Unión consiste en transparentar el gasto público del Poder Judicial, además de reformar la estructura del Consejo de la Judicatura para que tenga facultades fiscalizadoras incluso sobre los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación