Jisela Reinoso y Adrián Rodríguez, jueces cuarto y séptimo de primera instancia penal, fueron los últimos denunciados de prevaricato -o resoluciones arbitrarias- por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Guatemala, EFE. A once se eleva la cantidad de jueces guatemaltecos que han sido denunciados ante los tribunales de justicia por cometer prevaricato al favorecer con sus fallos a miembros del crimen organizado, informó este viernes una fuente oficial.

Jisela Reinoso y Adrián Rodríguez, jueces cuarto y séptimo de primera instancia penal, fueron los últimos denunciados de prevaricato (resoluciones arbitrarias) por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La Cicig, una instancia de las Naciones Unidas que colabora con Guatemala en investigaciones para desmantelar a los aparatos clandestinos de seguridad, señala en un comunicado que esas denuncias se suman a la lista de 18 jueces señalados de incumplimiento de deberes en noviembre de 2012.

Sin embargo, sólo contra 9 de ellos se presentaron pruebas concretas de las resoluciones, por lo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó una investigación para establecer si existen responsabilidades de los jueces en esos hechos.

Los dos nuevos jueces denunciados, según la Cicig, otorgaron desde 2010 de manera sistemática medidas sustitutivas a varias personas que eran acusadas por el ministerio Público (MP) de pertenecer a una red de lavado de dinero, lo que permitió que varios extranjeros quedaran libres y abandonaran Guatemala, detalla.

Precisa que a dos mexicanos detenidos el 16 de enero de 2012 en la capital guatemalteca con más de US$500.000, Reinoso les modificó el delito de lavado de dinero por el de encubrimiento y los dejó en libertad con el pago de una fianza de 5.000 quetzales (US$641).

Entre otros casos, a Rodríguez lo señala de haber dejado en libertad el 29 de marzo de 2011 a la estadounidense Magdalena Sthal, quien había sido detenida el 22 de mayo de 2010 con US$435.762 en las instalaciones del aeropuerto internacional La Aurora, de esta capital.

Pese a que un juzgado había ordenado la prisión para Sthal, Rodríguez no sólo archivó el caso y ordenó su libertad, sino que también la devolución del dinero, explica la Cicig.

También lo señala de favorecer con una fianza de 60.000 quetzales (US$7.692) a dos colombianos capturados el 5 de junio de 2011 por el delito de trasiego de dinero.

La Cicig dijo que en la denuncia contra los dos jueces fueron adjuntadas como pruebas del delito de prevaricato que han cometido, la resoluciones emitidas entre 2010 y 2012.

Estos dos casos están ya en poder de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual deberá analizar la querella para decidir si recomienda un proceso de antejuicio (eliminación de la inmunidad) de las que gozan los jueces.

La Cicig manifiesta que con estas dos denuncias, suman 11 las querellas presentadas contra jueces del sistema judicial guatemaltecos por emitir resoluciones arbitrarias.