México D.F. La Suprema Corte de Justicia de México ordenó este miércoles la liberación de 12 activistas condenados a altas penas de prisión por secuestro luego que los jueces consideraron que no se cumplió el debido proceso, en un nuevo hecho que resalta la ineficiencia del sistema judicial.

Las personas que serán liberadas pertenecen al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) del pueblo de San Salvador Atenco, una organización izquierdista radical que surgió para oponerse a los intentos del Gobierno en 2001 de construir un aeropuerto alternativo al de la Ciudad de México.

Los activistas de la agrupación -cuyos miembros acostumbran a empuñar machetes durante manifestaciones- pagaban sentencias de entre 31 y 112 años de cárcel acusados de haber secuestrado a policías en mayo de 2006 durante protestas por un desalojo de vendedores de flores en el central estado de México.

La mayoría de los ministros de la Corte consideró que los sentenciados recibieron un proceso judicial irregular.

"Se ordenó la inmediata liberación de los 12 (...), hubo pruebas ilegales e insuficientes, no se les llevó un debido proceso y además no se comprobó el delito de secuestro equiparado", dijo a Reuters una fuente judicial.

Uno de los liberados es Ignacio del Valle, líder del Frente y acusado de ser el autor intelectual de secuestrar a los policías. Una hija suya, América del Valle, se refugió la semana pasada en la embajada de México en Venezuela, donde pidió asilo político, según familiares.

La decisión es un golpe al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que se perfila como uno de los favoritos a las elecciones presidenciales de 2012 y cuyo gobierno señaló a los activistas como responsables de secuestro.

Tras conocerse la decisión de los magistrados, decenas de personas festejaron, algunos con machetes en mano, frente al edificio de la Corte en el centro histórico de la capital.

La Suprema Corte, en un intento por corregir fallos injustos que han dejado tras las rejas por años a personas inocentes, liberó en abril a dos mujeres indígenas condenadas en un proceso irregular por el secuestro de seis policías.

Según organismos de derechos humanos y activistas, es clara la ineficiencia e impunidad del sistema de justicia en México y los abusos y corrupción en la policía, aunque algunos reconocen los intentos del Gobierno por cambiarlo.

La Corte también ordenó en agosto del año pasado la liberación de 20 personas que llevaban más de una década en la cárcel acusadas de participar en la matanza a tiros y machetazos de indígenas ocurrida en diciembre de 1997 mientras rezaban en la población de Acteal, en el sureño estado de Chiapas.