Tegucigalpa. A pocas horas de haberse aprobado en el Congreso Nacional de Honduras la Ley de Seguridad Poblacional existe coincidencia entre trabajadores y empresarios en que estas medidas impactarán en el bolsillo del pueblo y generarán más inflación y desempleo.

El Poder Legislativo promulgó la semana anterior una polémica normativa para captar 1.500 millones de lempiras (US$80 millones) anuales y con una vigencia de cinco años para combatir la criminalidad.

“Me preocupa la inexistencia de una opinión técnica o por lo menos pública y efectuada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a favor de los usuarios del servicio financiero”, dijo el expresidente de la misma, José Luis Moncada.

En el marco de las medidas aprobadas por la cámara legislativa se fijó una tasa de 0,3%, o sea un cobro de tres lempiras por cada mil, cada vez que se efectúen retiros en cuentas cuyo saldos sean superiores a los 120.000 lempiras.

“El cobro de esta tasa encarecerá las operaciones financieras, encarecerá las operaciones de los bancos porque se deben reformular los sistemas. Los costos, de una o de otra manera, se trasladan a los usuarios”, expresó Moncada.

Francisco Rivera, diputado proyectista de la referida ley, expresó a los periodistas que “no podemos desconocer que habrá un impacto mínimo para algún sector de la clase media. Lo importante será cuando recuperemos la seguridad”.

Según Moncada, el impacto económico será mayor a lo previsto y repercutirá en casi todas las operaciones financieras debido a la relación existente entre cada una de ellas. “Siento que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros debió haber buscado una protección a favor del usuario financiero para que no se encarecieran los costos de los servicios”, dijo.

¿Las consecuencias? Para Moncada esta determinación también desmotivará el ahorro interno de una manera sustantiva. “En el momento que las personas retiren sus recursos de la banca porque no quieren pagar esa tasa, se elevará el riesgo porque las personas tendrán el dinero en sus casas o lo despositarán en entidades no supervisadas”, adujo Moncada.

Existe, continuó, una banca regional que puede ser utilizada por las empresas locales para operar con menores costos. “Si analizamos toda la carga tributaria que ya tiene el sector bancario y se suma el costo de esta nueva ley, el afectado será el usuario del sistema financiero”, lamentó.

Costo de la vida. “Suben el precio de la electricidad, reforman el impuesto sobre la renta y ahora aplican un impuesto vía Ley de Seguridad. Esto al final del día repercutirá en un incremento en la tasa de inflación”, indicó el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Chico), Alejandro Álvarez.

“Pareciera que no hay economistas en el gobierno porque están haciendo todo lo contrario a lo establecido en la ciencia económica”, cuestionó el empresario.

A la vez, explicó que al existir problemas de empleo, el gobierno eleva el salario mínimo; existe falta de crecimiento económico, le suben a los impuestos; existe falta de productividad en el campo, el Congreso Nacional impone un control a los precios de los alimentos.

El presidente de Federación Hondureña de la Microempresa y el Sector Social de la Economía (Femisse), José Castañeda, expresó que la medida impactará en la capacidad de generar nuevos empleos.

Datos de la Secretaría de Trabaja indican que al rededor de 1,5 millones de personas enfrentan problemas vinculados al empleo. Además cerca de un 64% de las empresas no paga el salario mínimo.

“En un tiempo en que la economía se encuentra en un proceso de recesión y crisis, los gobiernos liberan la presión fiscal, pero en Honduras se imponen más tasas e impuestos”, dijo. El resultado final de este proceso, dijo, será menos oportunidades para la población y más desempleo.

Más tributos. El presidente de la CCIC reveló que en el Congreso se discutirá en los próximos días la Ley Antievasión, que trae la imposición de nuevos impuestos.

“Viene otro ‘paquetazo’ de medidas impositivas, viene un impuesto disfrazado para nutrir al aparato gubernamental y con ello, se debilitará al sistema productivo”, expresó.

Según Larach, se paga el 1% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al momento de importar mercancías. Es un cobro anticipado de una renta que supuestamente se tendrá. “Este cargo no es correcto”, indicó.

Para Larach, aún es tiempo de rectificar y analizar de una manera correcta lo que en el Congreso Nacional se aprobó. “Se debe analizar qué se hace en economía cuando se enfrentan dificultades, cómo se liberan más recursos para que se genere más productividad, empleo y producción, que es lo que necesita Honduras”, expresó.