El suspendido alcalde cuestionó la exposición de la Fiscalía, aclarando que no se han presentado pruebas que lo vinculen con un ilícito.

Ante el juez octavo de garantías, el suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, se declaró inocente por el delito de cohecho que este martes le imputó la Fiscalía General en el proceso penal que se le adelanta por el llamado carrusel de la contratación.

Según Moreno Rojas, “no existen tales reuniones” en la que, según la Fiscalía, negoció junto a su hermano, el senador Iván Moreno Rojas y el abogado Álvaro Dávila la intermediación para que un grupo de contratistas le pagaran una comisión para la entrega de contratos viales en la capital de la República.

“La Fiscalía ha sido imprecisa, tanto en la primera imputación de cargos como en esta. Las reuniones en las que me vincula el fiscal (Ricardo) González no existieron, por eso no acepto cargos, porque yo no cometí ningún ilícito”, precisó el suspendido burgomaestre.

En su exposición, que duró diez minutos, Moreno Rojas criticó en repetidas oportunidades los argumentos presentados por la Fiscalía en las audiencias de imputación de cargos, manifestando que no se han exhibido ni los documentos que las comprueben.

“Es doloroso hacer una rendición de cuentas ante usted señor juez para responder por unos delitos no cometí”, manifestó el suspendido alcalde, aclarando que han sido los Nule y otros contratistas quienes lo han culpado de todo esto sin tener una prueba fehaciente.

“La Fiscalía habla de unas reuniones, de unos acuerdos de unas voluntades, de unos contratos, y la verdad es que yo no aparezco en ninguno de esos como alcalde, pues tales encuentros no ocurrieron, entonces no entiendo con qué pruebas me quieren inculpar de una conducta criminal”, precisó.

Para Moreno Rojas, su cuerpo de seguridad, así como su secretaria personal que manejó su agenda privada durante su administración pueden dar fe de que él nunca se reunió con el abogado Álvaro Dávila para acordar el cobro de esas comisiones que menciona la Fiscalía, y las cuales ascenderían a un valor superior de los 15 mil millones de pesos.

“Nunca realicé ninguna promesa con los contratistas", señaló el burgomaestre antes de que el juez le señalara que este no es el momento procesal para hacer ese tipo de intervenciones.