Caracas. Los tres países suelen ser comparados y desde el exterior se los mira con cierto orgullo, pues en manos de mujeres está el liderazgo Argentina, Brasil y Chile. En estos momentos, empero, la partida que juegan ellas está complicada, producto de las crisis políticas y judiciales que atraviesa cada una de ellas.

En el comparativo Cristina Fernández es tal vez la que más afectada queda a nivel internacional, mientras que Dilma Rousseff y Michelle Bachelet ya notan la crisis a nivel interno.

Los tres casos son bien distintos pero tienen algunas similitudes, como la figura de una presidenta en el centro de las sospechas y la posibilidad de que estén implicadas en hechos de corrupción, uno de los peores pecados de un gobernante. El tablero más conocido es en el que se mueve la argentina Cristina Fernández, acusada por el fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento de la responsabilidad de Irán en el atentado contra la mutual judía de la AMIA en 1994.

El fiscal Gerardo Pollicita apeló la decisión del juez Daniel Rafecas y ahora la Sala 1 de la Cámara Federal evaluará si investiga o no a la mandataria, al canciller Héctor Timerman y a otras seis personas.Otras jugadas completan una partida más que intrincada: la sospechosa muerte del fiscal y la actitud del gobierno hacia él, así como los reclamos de la opinión pública y la presentación anteayer de un informe pericial elaborado por la exesposa de Nisman y que contradice en parte los resultados de la causa oficial.

“El suicidio no podrá ser acreditado por la simple razón de que Nisman no se suicidó, lo mataron”, denunció la jueza Sandra Arroyo Salgado después de exponer las conclusiones de un documento de 100 páginas que se incorporará como insumo en la causa que lleva adelante la fiscal Viviana Fein. La denuncia de Nisman llegó, asimismo, como una gota que colmó un vaso bastante repleto. Fernández está en su último año de gestión y tiene un vicepresidente –Amado Boudou– investigado por tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, así como por falsificación de documentos.

Que una dupla de mandatarios esté en el foco de la Justicia seguramente no tiene precedentes en el mundo. Las consecuencias de esto ya están a la vista. Una encuesta recientemente difundida por la consultora Polldata indica que el 63,9% de los argentinos desaprueba al gobierno. A raíz del caso Nisman la imagen de Fernández descendió entre seis y diez puntos según las distintas empresas. El 25 de octubre de este año los argentinos elegirán presidente y Fernández no es candidata.

Por eso, y porque el oficialismo mantiene la mayoría en las dos cámaras del Congreso, es que esta crisis no impactará de modo tan cruel en la gestión de la presidenta sino que, en todo caso, condicionará a sus correligionarios que aspiren a sucederla. El daño que sí es palpable es el de la imagen internacional, según estimó para El Observador el analista Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.

“El costo internacional para la imagen de Cristina es muy grande (…). Lo es tanto porque el tema del terrorismo islámico está en el centro de la escena internacional, como porque la tensión entre Israel e Irán, por su acuerdo nuclear con las potencias occidentales está llegando a su punto más alto. El gobierno argentino ha perdido credibilidad en este tema”, consideró. En términos de impacto interno, en tanto, el experto consideró que este caso es por ahora “un imponderable en la política argentina que seguramente generara nuevos hechos hoy difíciles de anticipar, pero que en general tiene más potencialidad de perjudicar que de fortalecer al gobierno”.

Tablero complicado

El escándalo de Chile es menos grave en términos legales, pues Bachelet no es sospechosa de haber cometido delito alguno, sino de contradecirse con su discurso de terminar con los privilegios.Implica, más bien, a Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria y hasta hace unas semanas director sociocultural de la Presidencia, cargo que generalmente ocupa la primera dama y al que él renunció. Se supo que él asistió a una reunión con el vicepresidente del Banco de Chile precisamente al día siguiente de la victoria en las urnas de Bachelet, en 2013.

En ese encuentro su esposa Natalia Compagnon, directora de una empresa, recibió del banco un crédito por US$ 10 millones para un negocio. La derecha opositora acusó a Dávalos por “tráfico de influencias”, mientras que el gobierno negó cualquier irregularidad y aseguró que el crédito se trató de un contrato “entre privados”, sin ninguna relación con la mandataria.

Cuando se conoció el caso la mandataria estaba de vacaciones y en cierta medida inmune a él. A su regreso analizó todo y este miércoles ordenó crear un marco que regule la relación entre política y negocios. Pero no pudo evitar que su aprobación se derrumbara del 44% al 39%, el peor resultado en este año que lleva de gestión. La desaprobación es de 52%, según el estudio de la encuestadora Adimark difundido estos días.

El “Nueragate”, como se llamó al escándalo, “sin duda, constituye el más grave traspié de la actual administración”, indica el estudio de Adimark. A juicio del analista político chileno Patricio Navia, el perjuicio que ocasiona la situación es que deja en entredicho la credibilidad del mensaje de la presidenta.

“Hasta ahora, el escándalo tiene implicaciones morales y éticas más que legales. No parece haber nada ilegal. Pero el solo hecho que el discurso oficial de terminar con los privilegios y emparejar la cancha para dar igualdad de oportunidades a todos los chilenos se vea enfrentando a la realidad que muestra que el hijo de Bachelet aprovechó sus contactos para conseguir trato privilegiado, debilitan la capacidad de la mandataria para seguir impulsando ese discurso y para tener credibilidad como una presidenta que se opone a los privilegios”, explicó en comunicación con El Observador Navia, profesor en la Universidad Diego Portales y Universidad de Nueva York.

“La credibilidad del mensaje presidencial está en duda”, resumió.

Pieza rodeada

Pero la partida más complicada es, de acuerdo con los expertos, la que enfrenta la brasileña Dilma Rousseff. Ella no parece ser a pieza clave pero está rodeada. Tras 11 meses de investigación la Justicia detuvo a 39 personas involucradas en una red de pago de sobornos y coimas que involucró a la empresa Petrobras y al Partido de los Trabajadores, el de Rousseff y su antecesor Luis Inácio Lula da Silva.

La red movió unos $4.000 millones en los últimos diez años e implicaba que en todos los contratos de la empresa se destinaba un 3% de coima para el partido de gobierno.La opinión pública, que en octubre de 2014 le volvió a dar la Presidencia a Rousseff con 51,6% de los votos, ahora la condena por el escándalo.

Un estudio divulgado el nueve de febrero por la consultora Datafolha constata que 44% de los encuestados considera que la gestión presidencial es “mala o pésima”. En diciembre los que pensaban eso eran el 24% y, de acuerdo con los que hicieron la pesquisa, no se veía un derrumbe de estas magnitudes desde el año 1999, cuando Fernando Henrique Cardoso comenzó su segundo período y emprendió una fuerte devaluación del real.

Un 52% de los brasileños, asimismo, está convencido de que Rousseff sabía lo que ocurría en Petrobras pero permitió que sucediera. La Justicia lo dirá si es el caso. Por ahora, la jugada se acerca pero no la implica. A principios del mes pasado compareció João Vaccari Neto, el primer político detenido en el marco de la investigación, que era tesorero del PT. Las irregularidades ocurrieron mientras Rousseff era jefe de gabinete de Lula y cuando ya era mandataria. Tal vez sí sabía lo que pasaba.

Pero por el momento eso no se va a saber, pues esta semana se anunció que la Fiscalía de Brasil recomendó no investigar ni a la presidenta ni al que fue su contendiente en las elecciones 2014, el socialdemócrata Aecio Neves. Se sabe que hay unos 54 políticos que podrían ser investigados para determinar si estuvieron implicados en el fraude, pero al parecer la presidenta seguirá inmune porque las menciones tanto a ella como a Neves en los expedientes “no eran suficientes para pedidos de investigación”, según señaló el diario O Globo sin detallar la fuente de la información.

De acuerdo con el director de encuestas de DataFolha Alessandro Janoni, empero, el principal problema de la brasileña no está tanto en la supuesta corrupción sino en la economía. A su modo de ver, el resultado de la caída de la popularidad de Rousseff en la última medición se debe a cierto impacto del caso Petrobras, pero su mayor explicación está en el escenario económico, especialmente a causa de la inflación.

“Es muy probable que si la economía estuviera en una situación más positiva, las denuncias de corrupción en Petrobras no tendrían un efecto tan grande como este que tienen ahora. Ejemplo de esto es lo que sucedió con el escándalo de Mensalao en el gobierno de Lula: a pesar de que había denuncias que involucraban al gobierno federal, el impacto en la popularidad del mandatario no fue tan fuerte porque la economía se estaba estableciendo de manera positiva”, indicó Janoni en diálogo con El Observador.

Según su análisis, el peso político de la presidenta dependerá en gran medida de la partida en el terreno económico. “Si existe una insatisfacción en función del escenario económico negativo y se confirma un vínculo directo de Rousseff con Petrobras, es claro que eso va a ser usado para repudiar su figura, y esto se hará incluso cuando no haya vínculo directo. Si el escenario fuera otro, la población no haría esa vinculación”, estimó Janoni.