La llamada "ley de Transitoriedad" fue recurrida por el Gobierno de Madrid. Al admitir a trámite el recurso, el Constitucional suspende la norma, una decisión que ha acompañado con un nuevo apercibimiento de la obligación de obedecerle dirigido a los miembros del Gobierno de Cataluña y la Mesa del Parlamento regional.

El recurso que presentó el Gobierno central contra la ley de Transitoriedad considera que esa norma es "la mayor afrenta y amenaza" a las bases sobre las que se asienta la convivencia en España desde 1978 (fecha de la Constitución española) y el "mayor ataque concebible" a los valores democráticos.

La ley, aprobada el pasado día 7, fue recurrida al día siguiente por el Gobierno español, al considerar que vulnera la Constitución española.

Esta suspensión del TC se suma a la que hizo la semana pasada de la "ley del referéndum", también aprobada por la Cámara catalana, que regula la convocatoria de una consulta sobre la independencia de Cataluña para el 1 de octubre.

Sin embargo, tanto el Gobierno catalán como el Parlamento de esa región española han rechazado aceptar la decisión del TC y han reiterado su intención de celebrar el referéndum, como primer paso hacia una independencia.