La Paz. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con sede en Sucre, validó la recomendación de su Sala Penal respecto a la apertura de un proceso en contra del ex presidente Carlos Mesa por el caso de la minera Quiborax, y anunció que remitirá la proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que sea esta instancia la que autorice o rechace un juicio de responsabilidades por tratarse de una exalta autoridad de Estado.

Aprobada la solicitud de apertura de juicio de responsabilidades, la decisión queda en manos de la ALP, donde el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene mayoría. La ley 044 para el juzgamiento de altas autoridades de Estado establece que el pedido de autorización para el enjuiciamiento deberá ser aprobado “por al menos dos tercios de voto de sus miembros presentes”.

"Se dispuso la remisión de la proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa a efectos que determina lo que corresponda en el ámbito de sus competencias", aseguró el presidente del TSJ, José Antonio Revilla.

"Es una decisión unánime de los miembros de la Sala Plena. Reitero porque es una etapa de antejuicio, no se está juzgando ni está comenzando procedimiento; se está remitiendo el requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa. Son más de tres mil fojas", remarcó.

La decisión fue comunicada aproximadamente a las 17.20 de este miércoles. Siete de nueve magistrados, integrantes de la Sala Penal, votaron por remitir la proposición acusatoria al Órgano Legislativo.

Quiborax SA recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) para demandar a Bolivia por la expulsión y reversión de las conceciones. El Centro falló a su favor y obligó a Bolivia a cancelar como indemnización US$42,6 millones.

Este martes, la Sala Penal de TSJ resolvió recomendar la apertura del proceso que fue solicitado por la Procuraduría y validado en primera instancia por la Fiscalía General con una propuesta acusatoria.

Mesa está acusado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el caso Quiborax, referente a la expulsión de esta empresa chilena del país en 2004 y la reversión de 11 concesiones que poseía en el Salar de Uyuni para la explotación de ulexita.

Quiborax SA y su socia Non Metallic Minerals SA recurrieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) para demandar a Bolivia por la expulsión y reversión de las conceciones. El Centro falló a su favor y en mayo de este año ratificó un laudo que obligó a Bolivia a cancelar como indemnización US$42,6 millones.

El 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Mesa y tres de sus ex ministros, porque se incumplieron leyes e incluso se emitió un decreto ilegal para la reversión de las concesiones lo que derivó en la controversia con la empresa chilena, según explicó el procurador Pablo Menacho.

Según la Ley 044 para el Juzgamiento del Presidente, Vicepresidente y de altas autoridades judiciales, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea conocerá el requerimiento acusatorio e informará al Pleno del Órgano Legislativo a efectos de la autorización legislativa.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia”, señala el parágrafo III del artículo 16 de la mencionada ley.

La ley menciona que con la autorización Legislativa se inicia la etapa preparatoria, cuyo desarrollo esta a cargo del Fiscal General del Estado bajo el control jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que se constituirá como tribunal colegiado en pleno.

"El juicio se sustanciará en forma oral, pública, continua y contradictoria hasta que se dicte sentencia. La acusación será planteada y sostenida por la Fiscal o el Fiscal General del Estado. La Sentencia será pronunciada por dos tercios de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia", dice el artículo 18.