Caracas. Un tribunal de Venezuela dejó en libertad al presidente del canal opositor Globovisión, quien fue detenido este jueves acusado de haber hecho declaraciones contra el mandatario Hugo Chávez, aunque se le dictó prohibición de salida del país.

Guillermo Zuloaga, un prominente empresario, dijo en una reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que el presidente "usa la fuerza para cerrar medios" y "trata de dividir a los ciudadanos".

Globovisión ha sido acusada reiteradamente por Chávez y sus funcionarios de hacer "terrorismo mediático" y de haber fraguado, junto con otros sectores, el golpe de Estado que defenestró fugazmente al presidente en el 2002.

El empresario, arrestado en un aeropuerto cuando se disponía a salir de viaje, dijo tras la decisión del tribunal que "bajo ningún aspecto estaba huyendo" y que desconocía el procedimiento en su contra, derivado de una acusación del Legislativo que lo señaló esta semana de criminalizar y dañar la imagen de Chávez en la reunión de la SIP, en Aruba.

Autoridades dijeron que sus investigaciones habían arrojado la presunción de que Zuloaga quería fugarse.

El ejecutivo dijo posteriormente, desde la sede del canal de televisión donde fue recibido con aplausos por sus empleados, que le "montaron un operativo" para detenerlo, y destacó que fue bien tratado por las autoridades.

Consultado sobre si es un delito opinar en Venezuela dijo: "Definitivamente, hay medios de comunicación a los cuales el gobierno no les tiene mayor simpatía y buscan cualquier manera de tratar de mediatizarlos o tratar de cambiar su manera de actuar, cosa que con Globovisión creo que no lo han logrado".

Zuloaga, quien fue investigado hace unos meses por especulación y acaparamiento de vehículos, fue apresado en el aeropuerto de Punto Fijo, en el occidental estado Falcón, cuando se disponía a abordar su avión hacia Bonaire, donde dijo que iba a pasar el asueto de Semana Santa.

Su breve detención siguió a la de esta semana del político opositor Oswaldo Alvarez Paz también bajo cargos de difamación contra el mandatario.

Durante la jornada del jueves también fue aprendido, por comportamiento indebido ante las autoridades, el diputado Wilmer Azuaje, quien en el 2008 abandonó las filas oficialistas y se convirtió en un duro crítico del chavismo.

¿Cero tolerencia? El presidente ha advertido que no tolerará que sus adversarios utilicen los medios o internet para crear zozobra en el país, mientras la oposición denuncia que las detenciones forman parte de una campaña para anular la crítica y el disenso meses antes de las elecciones legislativas.

La severa crisis eléctrica y económica que vive el país petrolero ha impactado en la popularidad de Chávez, un elemento clave para retener la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.

Tras negarse a renovar la concesión del canal opositor RCTV en el 2007, el líder izquierdista ha conminado a sus funcionarios que actúen contra Globovisión por considerar que conspira para derrocarle.

El mes pasado, Alberto Federico Ravell renunció a la dirección general del canal de noticias acusando al gobierno de presionar su salida para suavizar la línea editorial del canal, cuya cobertura en señal abierta es muy reducida en el país latinoamericano.

Los arrestos han generado crítica internacional contra Chávez, acusado por sus opositores y algunas organizaciones de derechos humanos de atentar contra la libertad de expresión y ordenar encarcelamientos injustificados contra sus adversarios políticos.

"La CIDH (...) expresa su profunda preocupación por la detención de Zuloaga, que evidencia la falta de independencia del Poder Judicial y la utilización de la justicia criminal para castigar expresiones críticas", dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, confirmó la orden de captura, que respondería a lo establecido en el artículo 296 del Código Penal sobre "informaciones falsas que causen pánico en la colectividad".

El mencionado artículo contempla penas de entre dos y cinco años de prisión para este tipo de delitos.

El diputado Manuel Villalba, presidente de la comisión legislativa que solicitó la investigación, dijo que el proceso obedecía a declaraciones injuriosas contra el gobernante.

Chávez es acusado por sus enemigos de querer instaurar en Venezuela una dictadura, mientras que sus defensores aseveran que el presidente es víctima de una campaña internacional liderada por Estados Unidos para desestabilizar la revolución bolivariana.