La Unión Europea (UE) llamó este martes al Gobierno de Nicaragua a poner fin al uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes y denunció un debilitamiento de la democracia debido a la represión de las autoridades.

"Cinco meses después del comienzo de protestas sociales en Nicaragua, la situación del país sigue preocupando gravemente a la Unión Europea y sus Estados miembros", señaló la Alta Representante de Política Exterior del bloque, Federica Mogherini. "Los principios básicos de la democracia, la rendición de cuentas y el estado de derecho siguen estando gravemente socavados por la represión de las autoridades, que crea un clima de miedo y desconfianza", lamenta la UE.

Deterioro de los principios democráticos básicos. Mogherini agregó que las autoridades nicaragüenses continúan "dañando gravemente" los principios democráticos básicos, como la rendición de cuentas ante la Justicia y el respeto al Estado de derecho, lo que genera un clima de "miedo y desconfianza".

La UE destacó que la "falta de cooperación oficial" con las misiones internacionales de investigación sobre prevención de abusos relacionados con los derechos humanos favorece la "impunidad". En ese sentido, la diplomacia europea reclamó a Managua que permita el regreso de los efectivos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) de la ONU y aplique los resultados de los informes de esa agencia de Naciones Unidas. La diplomacia de la UE reclamó asimismo que, además de autorizar el regreso de la OACDH, Managua aporte el apoyo necesario al Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Bruselas exigió también que Managua "garantice que los perpetradores de abusos a los derechos humanos" rindan cuentas por sus actos y también reclamó el "desarme y disolución" de grupos armados en el país.

Según cifras oficiales del Gobierno de Nicaragua, la actual crisis del país se ha cobrado ya 199 muertos y ha supuesto más de US$1.000 millones en daños. Organizaciones humanitarias locales y extranjeras elevan la cifra de víctimas mortales a 512 y contabilizan más de 300 "presos políticos".